El intendente Cecilio Salazar elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que amplía las sanciones contra vehículos con escapes adulterados y conductas peligrosas en la ciudad de San Pedro. La propuesta apunta a reducir ruidos molestos y prevenir situaciones de riesgo en calles y avenidas del distrito.
Endurecen multas y sanciones por escapes libres en San Pedro
La iniciativa, dirigida al presidente del cuerpo deliberativo Martín Baraybar, establece un marco más estricto para regular la circulación de vehículos con escapes no originales o modificados para amplificar el sonido. En particular, se prohíbe el uso de dispositivos conocidos como “cortes” o “explosivos”.
El proyecto considera estas infracciones como faltas graves y prevé sanciones que van desde 300 hasta 2.500 Unidades Fijas. Además, contempla la retención de la licencia de conducir, el secuestro del vehículo y la destrucción definitiva de los caños de escape antirreglamentarios mediante compactación o corte.
Qué maniobras peligrosas serán sancionadas
El texto también incorpora un listado de conductas consideradas “maniobras riesgosas” en la vía pública. Entre ellas se incluyen circular en una sola rueda, realizar derrapes intencionales o “burnout”, acelerar sin desplazamiento y zigzaguear entre vehículos.
Según el proyecto, estas acciones representan una amenaza directa a la integridad física de terceros. Por ese motivo, se autoriza la retención inmediata tanto del vehículo como de la licencia del conductor que incurra en este tipo de prácticas.
Allanamientos, controles y sanciones a talleres
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es el protocolo de actuación ante casos de fuga o resistencia. En ese sentido, se faculta al Juzgado de Faltas a ordenar allanamientos para secuestrar vehículos involucrados en infracciones, con intervención policial y registro audiovisual obligatorio.
La ordenanza también alcanza a talleres mecánicos y comercios, que no podrán realizar modificaciones en sistemas de escape ni vender dispositivos ilegales. De incumplir, enfrentarán multas crecientes que pueden derivar en la clausura definitiva del local.
En los fundamentos, el Departamento Ejecutivo remarcó que la medida busca proteger a la comunidad, especialmente a personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores y niños, afectados por los ruidos excesivos generados por este tipo de prácticas.