En Ramallo se presentó un recurso para frenar la extracción de tosca y trabajos industriales hasta que se acrediten permisos ambientales.
La asociación civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) presentó un recurso de apelación contra una resolución judicial vinculada a las obras asociadas a la construcción de una planta siderúrgica y a la extracción de tosca en la zona del Arroyo Ramallo.
metafm.com.arEn la ciudad de Ramallo la asociación civil Unidos por la Vida y el Medioambiente (UPVA) presentó una apelación ante la Cámara para que se suspendan las obras vinculadas a la empresa Sidersa en la zona del Arroyo Ramallo. La entidad cuestiona una resolución judicial de primera instancia y reclama la aplicación del principio precautorio ante posibles impactos ambientales.
El planteo de la organización apunta a las tareas que, según denuncian, se realizan en un sector cercano al barrio Sironi y a la ribera del Arroyo Ramallo, donde se llevan adelante movimientos de suelo de gran magnitud vinculados a la construcción de un complejo industrial.
De acuerdo con el recurso presentado, en el área se estarían generando cavas profundas y realizando movimientos de tierra relacionados con la extracción de tosca, actividades que podrían alterar el cauce natural del arroyo y modificar la configuración de la zona costera.
Desde UPVA sostienen que estas tareas se estarían desarrollando sin contar con las habilitaciones ambientales correspondientes exigidas por la legislación provincial, por lo que solicitaron que se ordene la suspensión de las obras hasta que se acrediten los permisos necesarios.
En la presentación ante la Cámara, la organización también cuestiona la actuación del juez de primera instancia, a quien le atribuyen demoras en resolver el pedido de medida cautelar para frenar las actividades.
Según indicaron, la solicitud para suspender las obras lleva cerca de dos años sin una definición concreta dentro del expediente judicial.
Desde la ONG señalaron además que el magistrado habría restado valor a la documentación presentada al considerar que parte del planteo se basaba en informaciones periodísticas. Sin embargo, aseguran que en el expediente también figuran informes del Concejo Deliberante de San Nicolás, actas de un allanamiento en una causa penal federal y testimonios policiales vinculados a las actividades denunciadas.
Otro de los cuestionamientos centrales planteados por UPVA apunta a que el juzgado habría exigido una acreditación detallada del daño ambiental para avanzar con la medida cautelar.
La organización sostiene que ese criterio contradice el principio precautorio del derecho ambiental, que establece que ante la posibilidad de un daño grave o irreversible no es necesario contar con certeza científica absoluta para adoptar medidas de protección.
El conflicto tiene antecedentes previos en el mismo predio. En 2021 se investigó el depósito de cenizas industriales con presencia de metales pesados, entre ellos cadmio y plomo.
A fines de 2023 comenzaron nuevas presentaciones judiciales vinculadas a la actual controversia, luego de una denuncia penal formulada ante la Fiscalía Federal de San Nicolás por presunta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos. En el marco de esa investigación se realizaron actuaciones de campo y testimonios que, según consta en el expediente, confirmaron el movimiento de camiones cargados con tosca desde las cavas hacia el predio de la acería.
Ante la falta de resolución sobre la cautelar y tras reiterados pedidos, UPVA decidió presentar una expresión de agravios ante la Cámara de Apelaciones, donde solicita que se revoque la decisión de primera instancia y se ordene el cese inmediato de las obras y de la extracción de tosca hasta que se presenten las certificaciones ambientales correspondientes.