La Justicia Federal dictó el procesamiento de los titulares de Solmi S.A., con sede en San Pedro, junto a sus contadores, por presunta participación en una causa de lavado de activos. La medida se fundamenta en una denuncia presentada por la ARCA.
La investigación
La investigación judicial tuvo un giro clave en abril de 2024, cuando el Juzgado Federal a cargo de Sebastián Casanello autorizó allanamientos en las oficinas centrales de Solmi S.A. y en domicilios particulares de la familia propietaria y sus colaboradores. Se detectó irregularidades financieras vinculadas a maniobras de ocultamiento y blanqueo de capitales.
Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron documentación y soportes digitales considerados determinantes para el caso, entre ellos contratos, movimientos bancarios y comunicaciones internas. El material incautado evidenciaría el uso de empresas “fantasma” y operaciones irregulares para canalizar fondos.
Contratos públicos bajo sospecha
Según fuentes de la causa, el esquema investigado habría permitido desviar dinero mediante contratos de servicios de limpieza antigrafitis.
Estos contratos, sospechados de haber sido direccionados con sobreprecios, habrían servido para ingresar fondos al mercado bursátil a través de compañías inexistentes o de fachada.
Junto a los titulares de Solmi S.A., también fueron procesadas personas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculadas al estudio contable que asesoraba a la firma.
Embargo millonario y próximos pasos
El juez Casanello dictó embargos sobre los bienes de los acusados por un total aproximado de 18 millones de pesos, como medida preventiva para garantizar el resguardo patrimonial durante el avance del proceso.