La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires vivió una jornada de alta tensión el jueves. Convocada para tratar temas clave como el presupuesto provincial para 2025 y la ley impositiva del mismo año, la sesión comenzó poco antes de la medianoche, pero rápidamente se suspendió por un cuarto intermedio. Un detalle crucial se conoció en paralelo: la sesión del Senado, en principio programada para esa misma tarde, no había comenzado, evidenciando la falta de consenso necesario para avanzar con los proyectos clave.
En la Cámara Baja, la sesión avanzó brevemente en el tratamiento de otros temas. Los diputados trataron el cambio de autoridades, con Alexis Guerrera asumiendo un nuevo rol en reemplazo de Alejandro Dichiara. Entre los proyectos destacados, se sancionó la derogación definitiva de la Ley 15.008, que regulaba el régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia. Además, se otorgó media sanción a un proyecto impulsado por la diputada Lucía Iañez, que establece un régimen más estricto para la ejecución de penas de menores que hayan cometido delitos antes de alcanzar la mayoría de edad.
Cuarto intermedio
No obstante, la agenda de mayor relevancia, como el presupuesto y la ley impositiva, quedó en suspenso, con la convocatoria a un cuarto intermedio hasta el viernes 27 a las 14:00 horas. Ese mismo día, la presidente del Senado, Verónica Magario, convocó a una sesión en la Cámara Alta para ese viernes a las 16:00 horas.
Faltan acuerdos clave
Uno de los temas que generó mayor controversia fue el endeudamiento. El Ejecutivo provincial solicitó la autorización para emitir 1.045 millones de dólares en deuda externa, más una emisión de letras del tesoro por 250 millones. Sin embargo, esta medida requería el aval de dos tercios de los presentes en ambas cámaras. La postura del oficialismo fue clara: se avanzará con la deuda o no habrá acuerdos.
Por otro lado, la prórroga de las emergencias en la provincia, que otorgan al Ejecutivo un margen de acción más amplio, también fue un tema candente. Las leyes vigentes vencen el 31 de marzo de 2025, y la intención del Gobierno es extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, pero la oposición mostró dudas y resistencias.
En cuanto a la ley impositiva, la oposición se mostró firme en su rechazo a varios puntos, en particular a las facultades que se le otorgan a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para aumentar los impuestos en un 100% sin una ley clara que lo regule. Además, se discutió la necesidad de que los beneficios para los contribuyentes cumplidores, como el débito automático, se establezcan por ley y no queden a criterio de ARBA.
Otros puntos de fricción fueron las redacciones ambiguas sobre los aumentos impositivos y las dudas sobre si los incrementos del 28% y el 20% correspondían a un aumento sobre la última cuota del 2024 o si debían sumarse, generando incertidumbre entre los legisladores.
Para municipios
El año pasado, la provincia de Buenos Aires vivió una situación atípica: a pesar de no contar con un presupuesto aprobado, se destinó un fondo de 116 mil millones de pesos para los 135 municipios de la provincia. Este monto, que tuvo como principal objetivo garantizar la continuidad de los servicios y el funcionamiento de los gobiernos locales, llegó a los municipios sin la necesidad de un acuerdo presupuestario formal, pero la falta de consenso en la Legislatura dejó el escenario financiero provincial en una incertidumbre.
En este contexto, los intendentes, provenientes de diversos sectores políticos, recibieron los fondos de manera desigual, pero con un objetivo claro: evitar que la falta de presupuesto afectara los servicios esenciales para la población. De los 135 municipios, 84 están gobernados por el oficialismo de Unión por la Patria, mientras que el resto corresponde a municipios de diferentes fuerzas políticas, principalmente de la oposición.
Ahora, con el nuevo ciclo legislativo y en medio de intensas negociaciones, la Provincia busca actualizar este fondo, tomando en cuenta la creciente necesidad de recursos debido a la inflación y las nuevas demandas de los municipios. En este sentido, se propone no solo una actualización de los fondos ya destinados, sino también la creación de un nuevo fondo específico para garantizar la seguridad en los distritos, un tema que se ha convertido en prioridad para muchas comunas ante el aumento de los problemas de violencia y criminalidad.
El Desafío del Senado
En el Senado, el principal obstáculo para avanzar fue la falta de consenso entre los bloques. Con una composición de 46 miembros, el Senado requiere un acuerdo amplio para habilitar el tratamiento de los proyectos. El oficialismo tiene 21 senadores, mientras que la oposición, principalmente representada por el PRO y la UCR, posee 17. Además, tres bloques menores completan el recinto, pero no logran conformar una mayoría sólida.
La interna dentro del oficialismo complicó aún más la situación. La presencia de diferentes sectores dentro de Unión por la Patria, como La Cámpora, el gobernador Axel Kicillof, y las figuras más cercanas a Sergio Massa, evidenció profundas desconfianzas y disputas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que impidió llegar a un acuerdo para avanzar en los proyectos más importantes.
Más de 34 billones de pesos
La provincia de Buenos Aires enfrenta un presupuesto monumental de más de 34 billones de pesos, con 687 mil empleados y el desafío de gestionar la provincia más poblada y extensa del país. Sin embargo, a pesar de la urgencia por sancionar el presupuesto y la ley impositiva, la falta de acuerdos y la desconfianza entre los distintos sectores políticos han retrasado los avances, dejando el futuro de las finanzas provinciales en una incertidumbre creciente.
En resumen, la sesión extraordinaria del 19 de diciembre y los sucesivos cuartos intermedios reflejan una serie de obstáculos y disputas políticas que complican la sanción de los proyectos clave para el año 2025. La película continúa y las próximas semanas serán cruciales para definir el rumbo de la provincia.
