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Si el oficialismo retoma su iniciativa después de las elecciones deberá calcular que para ese entonces seguirán en sus puestos los mismos gobernadores que enterraron la iniciativa. Los comicios de octubre podrían dejar como resultado un crecimiento de las bancas de Cambiemos en el Senado y una reducción de los escaños que tiene el peronismo.
Buenos Aires, (NA) - El ya conocido sistema de boletas de papel y urnas de cartón volverá a usarse en estas elecciones legislativas a pesar de que el Gobierno esperaba contar con la boleta electrónica para votar este año, una iniciativa que tratará de reflotar para las presidenciales de 2019.
El proyecto que establecía el uso de la boleta única electrónica (BUE) en todo el país quedó trabado en 2016 en el Senado, donde los gobernadores del PJ plantaron bandera en contra de la reforma del sistema y lograron clausurar el debate.
La propuesta del Gobierno, cuyo diseño estuvo a cargo del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, fue centralmente el uso en el cuarto oscuro de una máquina que imprime una boleta con los nombres de los candidatos que el votante elige previamente de una pantalla táctil.
Lo que la oposición criticó con mayor énfasis fue la instalación de un chip o código QR en la boleta para un escrutinio digital, es decir, un conteo a través de un sistema similar al de la lectura de un código de barras.
Por su parte, la Casa Rosada sostuvo todo el tiempo el argumento de que el sistema actual es obsoleto y vulnerable a distintos tipos de trampas como la adulteración de las actas o el robo de boletas.
A disgusto y forzado por su condición minoritaria en el Senado, el oficialismo aceptó mantener el conteo manual pero eso no alcanzó para que la ley se aprobara, por lo que podría volver a intentarlo nuevamente una vez pasadas las elecciones de octubre.
El proyecto trunco
La reforma del sistema electoral fue una promesa de campaña del presidente Mauricio Macri y un compromiso asumido junto a los líderes del Frente Renovador, Sergio Massa, y del GEN, Margarita Stolbizer, luego de las denuncias de fraude y las demoras del escrutinio de la elección de Tucumán en 2015.
En 2016, y con el aval de la Cámara Nacional Electoral, Macri envió el proyecto a la Cámara de Diputados, donde Cambiemos, el Frente Renovador, el GEN y el Bloque Justicialista lo retocaron y lo aprobaron con 152 afirmativos contra 75 negativos del FpV- PJ y del Frente de Izquierda.
Sin embargo, cuando el proyecto llegó al Senado a fines de octubre el bloque mayoritario del PJ-FpV, encabezado por Miguel Pichetto, anticipó que le haría cambios como la eliminación del chip en la boleta y el establecimiento del conteo manual, lo que demoraría la sanción de la ley.
Al Gobierno lo disgustó esa resistencia inicial pero aún así confiaba en el éxito de su iniciativa por las negociaciones que encaró el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores del PJ.
Pero los cálculos del oficialismo fueron errados: no se percataron de que muchos de los mandatarios provinciales que respaldaban el proyecto carecían de senadores que les respondieran y, para colmo, las opiniones dentro del bloque mayoritario se fueron dividiendo cada vez más.
Imposibilitado de unificar una postura, Pichetto (que se mantuvo al margen de la discusión pero por lo bajo se mostraba de acuerdo con el cambio de sistema, con las modificaciones que hiciera el Senado) convocó a los gobernadores a una reunión conjunta con el bloque para definir la situación.
Al encuentro asistieron Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Rosana Bertone (Tierra del Fuego); Sergio Casas (La Rioja); Lucía Corpacci (Catamarca); Sergio Uñac (San Juan) y Carlos Verna (La Pampa), más los vicegobernadores de Santa Cruz, Pablo González, y de Santiago del Estero, José Neder; y el presidente del PJ, José Luis Gioja.
Quienes participaron de ese cónclave indicaron que Insfrán y Verna fueron los que encabezaron el rechazo, secundados por Corpacci y González, mientras que solo Bertone y Bordet se expresaron a favor.
“Hablan de transparencia, la transparencia la hago tomando mate todos los días con los vecinos. Este es un proyecto contra el peronismo”, dijo Verna durante la reunión y luego remató: “¿Ustedes quieren la muerte del peronismo? Vayan y voten esto”.
El bloque del PJ-FpV emitió un comunicado en el que se comprometían a “seguir analizando” el proyecto en el futuro, aunque reconocían en privado que el tema estaba clausurado.
La Casa Rosada reaccionó con críticas a los mandatarios provinciales que operaron en contra del proyecto, a los que funcionarios como Adrián Pérez, acusaron de “preferir mantener su poder feudal”.
La reacción tuvo que ver también con la sorpresa que se llevaron Macri y sobre todo Frigerio, que dejó trascender que algunos de los mandatarios le habían prometido su respaldo pero durante la reunión “se dieron vuelta”.
Sin garantías .
Si el oficialismo retoma su iniciativa después de las elecciones deberá calcular que para ese entonces seguirán en sus puestos los mismos gobernadores que enterraron el proyecto.
Los comicios de octubre podrían dejar como resultado un crecimiento de las bancas de Cambiemos en el Senado y una reducción de los escaños que tiene el peronismo, pero los oficialistas seguirán siendo minoría.
A eso se le suma que la relación entre el Gobierno y esos mandatarios peronistas empezó a tensarse en las últimas semanas por el reparto de fondos coparticipables entre la Nación y las Provincias, con Buenos Aires (bendecida por el presidente) en el centro del conflicto.
Verna e Insfrán siguen siendo los más enfrentados con la Casa Rosada. Además, está el hecho de que Cristina Kirchner (férrea opositora el sistema de la BUE) podría tener una banca en la Cámara alta y una legión de al menos diez senadores leales.