La Corte Suprema dejó ayer sin efecto las medidas cautelares que frenaban el aumento de la tarifa de la energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, por lo que las boletas comenzarán a llegar con los valores que impulsó el Gobierno a principios de año y que en el interior del territorio bonaerense van del 140 al 170 por ciento de suba promedio, mientras que será del doble en el Gran Buenos Aires.
En un fallo unánime, la Corte les dio ayer una buena noticia a los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, al dejar vigentes las subas para la energía que decidieron a principios de año. El argumento del Máximo Tribunal, es que carecen de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios. No obstante, no dictaminó sobre la cuestión de fondo, que era sobre la falta de audiencias públicas para llevar adelante el aumento.
Según el dictamen firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la demanda presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el secretario general de la Defensoría del Pueblo bonaerense y el Partido Justicialista de la provincia carece de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hace una salvedad con el Club Social y Deportivo 12 de Octubre de Quilmes, que luego adhirió al reclamo por el tarifazo. En cuanto a la presentación de esta entidad, la Corte adujo que si bien no invoca la calidad de representante de todos los usuarios de la provincia, y por ende no los puede representar, se reenvían las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si dicho club representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o de pueblo.
De esta manera, el Tribunal avaló implícitamente el aumento dispuesto por el Gobierno aunque dejó la puerta abierta para que cuando le llegue un caso que reúna los requisitos de forma se expida sobre la legalidad de la suba. Aunque este caso no se vislumbra ya que la Corte también rechazó unificar a la primera de las causas, la de un juez de La Plata, el amparo dictado por la jueza federal de San Martín, Martina Forns.
El fallo contradijo el dictamen que horas antes elevó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien se había pronunciado a favor de confirmar las medidas cautelares que suspendieron el aumento tarifario. La jefa de los fiscales había hecho hincapié en el carácter provisorio de la cautelar, cuyo plazo se limita a tres meses desde su otorgamiento, por lo que solo tenía vigencia hasta el mes próximo, así como también por considerar que el Gobierno debería haber llamado a audiencias públicas, un argumento similar al que frenó el incremento de gas. No obstante, había admitido que los legisladores, la Defensoría del Pueblo y el PJ provincial carecían de la representatividad para obtener la medida cautelar a la que habían accedido.
Las resoluciones cuestionadas fueron dictadas por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en enero de este año. Son las que disponían un fuerte incremento de la tarifa de energía eléctrica a partir del 1º de febrero. De acuerdo con los demandantes, incluían aumentos de más de 500 por ciento en el Gran Buenos Aires, aunque el Gobierno nacional habló de subas promedio del 350 por ciento para las empresas Edenor y Edesur.
Fuera del Conurbano, hubo marchas y contramarchas con fallos judiciales. Ahora, lo cierto es que las empresas Eden, Edes, Edea y Edelap y las más de 200 cooperativas que prestan servicio en el interior, entre ellas la de Pergamino y los pueblos rurales del Partido, podrán efectivizar el cobro autorizado en la resolución Nº 22/16 del Ministerio de Infraestructura que va del 140 al 170 por ciento.