El procedimiento se llevó a cabo en una de las parcelas ubicada en la parte posterior del predio industrial, donde solo intervinieron fuerzas federales. La comitiva habría llegado al lugar en dos vehículos y la diligencia duró aproximadamente media hora. Dos empleados de otra empresa radicada en el lugar fueron tomados como testigos.
DE LA REDACCION. El juez federal Sebastián Casanello ordenó el jueves, 18 nuevos allanamientos en el marco de la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, uno de los cuales se llevó a cabo en una empresa radicada en el Parque Industrial de nuestra ciudad.
El procedimiento tuvo lugar en una de las parcelas ubicada en la parte posterior del predio industrial, donde solo intervinieron fuerzas federales, por lo que no tuvo participación de agentes locales.
La comitiva habría llegado al lugar en dos vehículos y el procedimiento duró aproximadamente media hora. Dos empleados de otra empresa radicada en el Parque Industrial fueron tomados como testigos.
Los allanamientos se realizaron en 18 propiedades, de las cuales 15 están ubicadas en Capital Federal y las tres restantes en la provincia de Buenos Aires, una de estas en Pergamino y las otras dos en Temperley y Ramos Mejía.
La Justicia secuestró 400 cheques por valores millonarios y registros de retiro de dinero en efectivo. En tres de los inmuebles allanados se secuestraron documentos que vinculan a ciertas firmas con M&P S.A. de Río Gallegos y constancias de los pagos millonarios recibidos por esta última durante el inicio de este año, según trascendió en los medios nacionales.
En los allanamientos intervino personal de la Afip, de la UIF, la Policía Metropolitana y el departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal. Los operativos fueron en las empresas M&P SA de Río Gallegos, Proydesa SA, Dereli SA, Xhoris SA, que habrían tenido vínculos financieros con Austral Construcciones.
También se requirió que se secuestre todo lo que pueda tener relación con César Andrés, contador del Grupo cuyas oficinas en Santa Cruz fueron allanadas y clausuradas en abril de este año.
Luego de una jornada con mucha actividad, los efectivos policiales, funcionarios judiciales y de la Unidad de Información Financiera (UIF) regresaron a los tribunales de Comodoro Py con la documentación secuestrada que ahora deberá ser catalogada y analizada antes de que el juez tome cualquier eventual decisión sobre los hijos de Báez. Según trascendió, varias de las empresas allanadas actuaban como cuevas financieras para mover plata negra.