La presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios en la Cámara de Diputados, María del Huerto Ratto, presentó un Proyecto de Declaración donde expresa la preocupación de los legisladores y repudia la modificación dispuesta por el presidente Mauricio Macri en en el Decreto que reglamenta la ley de tierras rurales (Ley Nº 26.737) para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros y advirtió lo que puede suceder en los campos bonaerenses.
No puede dejar de preocuparnos el Decreto Nº 820/16 que nos retrocede a etapas históricas donde los bienes estratégicos de los argentinos se concentraban en manos extranjeras, dijo la diputada oriunda de Pergamino, quien recordó que en la década de 1990 también hubo una etapa de extranjerización de nuestras tierras, en las cuales empresas o personas de otros países adquirían a precios desacoplados de los internacionales estos bienes sin ningún tipo de control de parte del Estado.
Esta decisión presidencial presenta no solo un retroceso en la materia sino que significa un grave antecedente institucional donde mediante un decreto se modifica unilateralmente una ley nacional, rompiendo el mínimo equilibrio de poder que necesita el Estado de Derecho, explicó.
Con el argumento de facilitar y posibilitar las inversiones en el país se flexibilizó por decreto los controles dispuestos por la Ley de Tierras para la venta de propiedades rurales a extranjeros.
En este marco, la legisladora recordó que la norma desarticula una serie de exigencias que deben cumplir los inversores extranjeros para adecuarse a la norma, vulnerando de esta forma el espíritu de la Ley y permitiendo al extranjero el control de las sociedades que posean tierras argentinas, llevando su participación al 51%.
Otro cambio -agregó Ratto- tendrá impacto en nuestra provincia por la flexibilización de la prohibición que tienen los titulares extranjeros para adquirir más de mil hectáreas cada uno en la zona núcleo de nuestro país, delimitada por el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. El decreto presidencial establece que las provincias deberán definir en los próximos 30 días las superficies que en cada distrito podrá adquirir un extranjero. Caso contrario, la Nación determinará dichas equivalencias a través del Consejo Interministerial de Tierras Rurales. Ratto reiteró que con estos nuevos cambios también se modifican exigencias que deben cumplir los inversores extranjeros para respetar la norma, además de eliminar controles específicos que se encontraban a cargo de la UIF y la Afip.
Otro de los graves peligros que conlleva este decreto es que constituyen la antesala para sustituir el actual régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de la tierra en manos de extranjeros. La cuestión tuvo un profundo debate en nuestra sociedad, quien entiende mayoritariamente que la tierra no es un objeto de mercado en lo social, ético y moral, tampoco en lo económico no es por donde debe iniciarse un plan de atracción a las inversiones extranjeras, este tipo de adquisiciones no genera valor, ni empleo ni desarrollo local ni social.
Creemos fervientemente en que Argentina necesita un modelo productivo, que indudablemente requiere de inversión extranjera en un marco programado y regulado y, asimismo, somos absolutamente claros y contundentes para defender que el valor estratégico de nuestras tierras debe ser de propiedad y estar al servicio del trabajo de los argentinos, finalizó Ratto.
