El proyecto de Ley, que cuenta con media sanción de la Legislatura Nacional, propone pagar los juicios y reajustar los haberes de los adultos mayores en litigio con el Estado. Voces a favor y en contra se oyen desde que fue presentada la propuesta. En el medio de tanta información y desinformación, los integrantes del Sistema Previsional Argentino ven con buenos ojos la posibilidad de cobrar un peso más mensualmente.
DE LA REDACCION. En mayo pasado, el Gobierno nacional presentó lo que denominó el Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, un proyecto de ley, que ya obtuvo media sanción en la Legislatura Nacional, y a través del que se busca pagar los juicios a los jubilados que accionaron contra el Estado por defectos en sus liquidaciones y el ajustar sus actuales haberes según indican las sentencias favorables.
Si bien estos fallos, cuando han sido favorables a los jubilados, indicaban que debían abonarse los retroactivos y adaptarse los beneficios en plazos perentorios de 120 días, en la realidad la mayoría no se han pagado, llegándose en algunos casos a moras de hasta cinco años, con lo que ello implica por tratarse de ciudadanos de avanzada edad.
La propuesta de la norma
En líneas generales, la propuesta que Mauricio Macri remitió al Congreso prevé terminar con años de injusticia y a restablecer la dignidad de los adultos mayores, establece mecanismos de resarcimiento para cancelar la deuda con los jubilados que iniciaron juicios por reajustes de haberes, que se pagarán retroactivamente, una mitad al contado y el resto en cuotas actualizables de acuerdo con la Ley de Movilidad.
A partir de la sanción de esta ley, todos los jubilados que estén cobrando menos de lo que les corresponde y se incorporen al programa pasarán a cobrar sus haberes actualizados.
Para quienes hayan iniciado juicio pero aún no tengan sentencia, podrán cobrar hasta un máximo de 48 meses retroactivos, también mitad al contado y mitad en cuotas.
Además, crea la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que será percibida por todas las personas mayores de 65 años de edad que no cuenten con una jubilación, pensión o retiro.
El costo fiscal del programa de reparación asciende a más de 47.000 millones de pesos para el pago de retroactivos.
Y para el aumento de los nuevos haberes jubilatorios la inversión será de hasta 75.000 millones de pesos anuales en caso de que se incorporen al programa los 2,3 millones de potenciales beneficiarios.
Incertidumbre
El anuncio de esta propuesta está siendo por estos días eje de debate en la sociedad. Con reglas pocos claras, los jubilados son capaces de analizar la situación considerando la información que, con cuentagotas se les ofrece, acerca de un proyecto que aún no ha sido sancionado.
Los que por estos días también definen su rol son los abogados encargados de hacer valer los derechos previsionales. Vale en este punto aclarar que, con la decisión de miles de jubilados de hacer efectivo un proceso judicial al Estado, los letrados son los encargados de patrocinar dicha decisión.
Letra chica
Las voces que cuestionan el proyecto de ley recomiendan leer la letra chica, a fin de tener certezas sobre una serie de cuestiones que revolotean en la cabeza de los potenciales beneficiarios. En este punto hay quienes entienden que la deuda que según los magistrados- el Estado contrajo para con los pasivos, debe ser abonada tal cual enuncia cada fallo y no someter a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones a concurrir a firmar un acuerdo que significa desistir de parte de sus derechos, en el caso de quienes deban cobrar lo que una sentencia firme ha establecido.
Del otro lado se encuentran los priorizan que, además de recuperar parte de lo adeudado, podrán actualizar su haber y contar con más recursos en los años por venir. Esto, siempre y cuando hagan efectivo un acuerdo conciliatorio.
La necesidad es hoy
En el medio de tanta información y desinformación, quedan los adultos mayores que son parte del sistema previsional de nuestro país. En diálogo con algunos jubilados, LA OPINION pudo detectar las buenas expectativas que este programa genera entre los abuelos. La mayor parte de los jubilados consultados no dudaron en afirmar que no tienen nada que esperar porque el tiempo los apremia, respecto de la posibilidad de no adherir y seguir litigando o esperando que la Justicia intime al Estado a pagar tal cual el fallo, sin acuerdos intermedios en cuanto a montos. Es decir que, para ellos, es mejor hacerse del dinero ahora que lo pueden utilizar y no arriesgarse a esperar un escenario que puede darse sin ellos en vida.
De hecho, viendo la mora en el pago de las sentencias, para algunos era una lucha perdida, según manifestaron. Y ahora empieza a cobrar sentido ese derrotero judicial, sobre todo entre aquellos que lo que más valoran es percibir mayor cantidad de dinero mes a mes en un contexto económico que no los beneficia por los altos índices inflacionarios y los tan renombrados tarifazos que dejan a los ciudadanos sin poder adquisitivo.
Tomar una decisión
Con el objetivo de brindar información sobre esta temática, desde Anses a cargo de Cristian Roma, el Municipio de Pergamino y con la colaboración del senador Marcelo Pacífico, en la tarde noche del viernes arribó a nuestra ciudad la doctora Silvia Ballesteros.
En contacto con LA OPINION, Ballesteros destacó la importancia de explicar este programa en un lenguaje llano al universo de los jubilados, a fin de que los adultos mayores puedan luego tomar una decisión.
Lo más importante es que por primera vez se realiza una reparación, a la que le atribuyo el carácter de histórica, de la jubilación revisando el haber inicial y la movilidad y sin necesidad de litigar durante años con un resultado incierto. Personalmente creo que se trata de una reparación histórica que puso a los adultos mayores dentro de la agenda de prioridad de este Gobierno, señaló Ballesteros y agregó que el hecho de que los adultos mayores, cuyas expectativas de vida son distintas a los de un joven o adulto, puedan percibir en el corto plazo un incremento significativo de sus haberes, es altamente beneficioso. La realidad de los jubilados argentinos da cuenta de que los abuelos necesitan una mayor solvencia económica para mejorar su nivel de vida.
La figura del abogado
Esta oferta es voluntaria e incluye el asesoramiento legal de un letrado sin costo para el beneficiario (los honorarios los paga Anses) y que el acuerdo realizado con Anses requiere de la homologación por un juez.
Destacando el rol del abogado en este programa, Ballesteros aseguró que es obligatorio que el jubilado que pretenda realizar el acuerdo transaccional lo haga con su abogado de confianza o con otro que él decida.
En los casos en que los beneficiarios no hubieran iniciado acción judicial los honorarios de los letrados, que obligatoriamente deberá tener cada jubilado o pensionado, estarán a cargo del Estado.
Reparación según los índices
Brindando datos generales, la especialista informó que el proyecto fue presentado por el presidente Macri e incluye alrededor de 2 millones de beneficiarios. Contempla principalmente a los jubilados y pensionados que han obtenido su beneficio por las Leyes Nº 18.037 y Nº 24.241.
Durante la charla, la abogada señaló que el proyecto incluye una reparación en el haber inicial aplicando los mismos fallos que se utilizan en la Justicia, es decir, para los beneficiarios de la 18.037 utiliza los índices a los fallos Sánchez y Badaro. Esto en la práctica implica para aquel jubilado que nunca inició juicio, un aumento aproximado del 54 por ciento de su haber inicial.
Por otra parte, para los beneficiarios de la 24.241 se utiliza los índices de Badaro y Eliff, por lo que los beneficiarios podrán percibir un aumento del 47 por ciento aproximadamente.
Para los beneficiarios que tienen juicios iniciados por la Ley Nº 18.037 el haber inicial reajustado será el mismo que si hacen juicio ya que aplica los mismos índices. La diferencia podría surgir en la retroactividad ya que se establece un tope de 48 meses.
Para el grupo de beneficiarios por la normativa Nº 24.241 los índices utilizados podrían tener alguna diferencia con los obtenidos en la Justicia, para ello, según la experta es necesario realizar un análisis exhaustivo caso por caso.
Evaluación
Se trata de una propuesta de aceptación voluntaria, es decir ingresan quienes decidan acceder a la misma. Para los jubilados y pensionados que tienen juicios iniciados o finalizados con sentencia firme cada uno deberá evaluar con su abogado la ventaja de adherirse voluntariamente al programa o continuar con el juicio. Quienes no ingresen siguen cobrando lo que hoy cobran. Si están en juicio una vez concluido el mismo Anses acatará la Sentencia.
La mirada de los jubilados
El tiempo, en el caso de los adultos mayores, es quizá el capital más grande que puedan tener y la calidad de vida puede verse mejorada con esta reparación en tiempos razonables.
Con el objetivo de analizar la situación de los jubilados, el Diario mantuvo diálogo con algunos de los que participaron en la reunión del viernes.
En líneas generales, son buenas las expectativas que el Programa ha generado en el universo del adulto mayor. José es un pergaminense de 75 años, que hace 10 años inició juicio al Estado para la recomposición de sus haberes. Su caso ingresó, como el de muchos, encuadrado en el caso Badaro y aún no ha recibido respuesta alguna. Recibe por estos días la jubilación mínima que a duras penas supera los 4.900 pesos. Hace muchos años que estoy reclamando una reconsideración de mis haberes previsionales y nunca obtuve respuesta pero ahora podría darse esta oportunidad, la respuesta a una demanda histórica de los jubilados, dijo José y aseguró sentirse estafado todos estos años. Este sentimiento es el que lo conduce a decir que aceptaría cualquier cosa ya que atraviesa una compleja realidad: Tengo 75 años, acarreo algunas enfermedades y la plata no me alcanza por eso me vendría bien que me paguen más por la jubilación.
Marita asegura que este Programa es una satisfacción para todos los jubilados. Un familiar falleció esperando que le pagaran lo que le debían por eso esto es una bendición.
En coincidencia con el caso de sus pares, Marita hace ocho años que está en litigio con el Estado. Estoy cansada de no tener una respuesta favorable. Mi caso empezó a tramitarse en el Juzgado Federal de San Nicolás, de allí pasó a Buenos Aires, volvió a San Nicolás y ahora a Rosario. Hace un año que está cajoneado, contó Marita.
Informada sobre los posibles pagos de menos que se efectuará a los que se acojan al plan, Marita afirmó que no tiene nada que esperar. Estamos hoy con vida, no sabemos lo que nos depara el futuro, no sabemos si mañana vamos a despertar, el tiempo es hoy, necesitamos la plata ahora, queremos disfrutar de aquello que nos corresponde, expresó la jubilada.
Por último Rosa, integrante de un centro de jubilados de nuestra ciudad, que desde 1994 mantiene un juicio con el Estado, acotó que somos muchos los que estamos en la misma situación, a la espera de que reconozcan lo que nos pertenece, lo que es nuestro y que con tanto esfuerzo aportamos mientras trabajábamos. Incluso hay numerosos jubilados que padece una enfermedad terminal o tienen más de 85 años por eso espero que ellas sean las primeras en ser reconocidas.