La concejal del Frente para la Victoria-Partido Justicialista presentó dos iniciativas para adherir a propuestas nacionales vinculadas por un lado a las dificultades de empleo y por otro a la suba de los costos de los servicios como energía eléctrica, gas y transporte.
DE LA REDACCION. Durante la última sesión del Concejo Deliberante Laura Clark, del bloque Frente Para la Victoria- Partido Justicialista, presentó dos iniciativas de adhesión a proyectos de ley con el fin de disminuir las consecuencias de las políticas económicas llevadas a cabo por el Gobierno nacional, específicamente, los despidos y los aumentos de tarifas de servicios públicos y a la par presentó un proyecto para manifestar el rechazo a la Resolución Nº 142/16 de la Provincia de Buenos Aires, relacionada a la autorización a los consejos escolares para intervenir ante medidas gremiales.
Por un lado, Clark propone la adhesión al proyecto de Ley de Emergencia Laboral, en virtud de la enorme cantidad de despidos que se vienen produciendo a partir de diciembre de 2015 tanto en el sector público como en el privado.
Señala en la iniciativa que atendiendo a la gravedad de la situación, dado que el trabajo es considerado un derecho humano fundamental, garantizado en nuestra Constitución Nacional, es necesario acompañar este proyecto de Ley que propone declarar la Emergencia Laboral en todo el territorio nacional por el término de un año, y la creación de una comisión Bicameral en Defensa del Trabajo.
Tal declaración de emergencia implica la suspensión de los despidos sin justa causa por el plazo de su duración y, en caso contrario, el empleador deberá abonar el doble de la indemnización que correspondiese, según la legislación vigente; y para la administración pública se prevé la prohibición de la rescisión sin justa causa de los contratos por tiempo determinado y los contratos que finalicen quedan automáticamente renovados hasta la finalización de la emergencia. El impacto que están produciendo los despidos sobre el mercado laboral se traduce en aumento de los valores de la tasa de desempleo, incremento de la precariedad laboral y caída de los ingresos, que habían logrado revertirse a partir de 2003 con políticas activas favorecedoras del empleo, opinó Clark.
El otro proyecto al que propone adherir Laura Clark y su bloque es el de emergencia social para suspender por un año los aumentos de tarifas de los servicios públicos, transporte, electricidad, gas y agua. El proyecto establece la convocatoria a audiencias públicas y la conformación de una comisión Bicameral de Evaluación del Régimen Tarifario de Servicios Públicos nacionales que elabore un diagnóstico sobre el impacto social que tendría la aplicación del nuevo cuadro tarifario sobre el sistema productivo, desempleo, poder adquisitivo del salario, entre otras variables.
Al aplicarse las nuevas tarifas con excesivos aumentos en los servicios públicos los más afectados son los sectores populares, que deben afrontar tales aumentos y los incrementos en el precio de los alimentos con ingresos deteriorados, produciéndose un proceso de generación de nuevos pobres con la consecuente crisis social a la que conlleva, señaló la edil.
Los dos proyectos de ley a los que se propuso adherir han sido presentados por el diputado nacional Adrián Grana del Bloque Frente Para la Victoria con el objetivo de limitar el impacto de las políticas económicas dispuestas por el Gobierno nacional sobre los sectores más vulnerables de la población argentina.
Por último, Clark presentó un proyecto manifestando el rechazo de la resolución Nº 142/16 de la Dirección General de Cultura y Educación, donde se autoriza a los consejos escolares a intervenir ante las medidas gremiales de un sector de los trabajadores auxiliares de la educación, coordinando con particulares las tareas que les competen. En ese sentido, el proyecto expresa una profunda preocupación por la situación laboral de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires ya que, como se explica en el proyecto no corresponde ni a municipios, ni a las organizaciones de la sociedad civil atender cualquier tipo de tarea y/o actividad de las escuelas ante una medida de fuerza. Es el Estado provincial quien debe tener la decisión para intervenir garantizando las condiciones que permitan a todos los integrantes de la comunidad la materialización de sus derechos, tanto los de los trabajadores como los de los alumnos.