N o es una noticia positiva para la Argentina que uno de sus principales socios del Mercosur, como es Brasil, atraviese una grave crisis política y económica. Sencillamente porque nos perjudica ya que muchos negocios (sobre todo automotores) dependen de que a nuestro vecino le vaya bien.
Pero lo cierto es que desde que logró la reelección, Dilma Rousseff ha debido atravesar situaciones muy difíciles, las que concluyeron con el petrolao el mayor caso de corrupción desde que el PT (Partido de los Trabajadores) gobierna Brasil. Esto perjudicó seriamente al país vecino, le hizo perder confianza a los inversores y tener que desguazar parte de la empresa estatal más grande del país: Petrobras. La enorme red de corrupción entre políticos y empresarios salió a la luz de manera intempestiva, generando un gravísimo problema político y económico.
Finalmente Dilma, que además es economista, tuvo que aplicar un nuevo paquete de recortes de gastos e impuestos para equilibrar las cuentas públicas, el que fue recibido con fuerte resistencia en el Congreso, el empresariado y los sindicatos. Pero el Gobierno anunció que no hay marcha atrás porque es la única solución para salir de la crisis y confía en que todos los sectores comprendan la gravedad de la situación que atraviesan.
La verdad es que para un gobierno que llegó para reparar desigualdades sociales como se planteó el PT, las medidas resultaron duras, en muchos casos impopulares. Pero la presidenta está asumiendo toda la responsabilidad.
El equipo económico de Dilma, encabezado por el ministro de Economía Joaquim Levy, diseñó un nuevo plan de ajuste para revertir el déficit en el presupuesto del próximo año, con un agujero de unos 8.500 millones de dólares. Se propusieron cortes de 7.000 millones en gastos, una eliminación de ministerios, congelamientos de salarios de empleados públicos y recortes en programas sociales, así como un aumento de la recaudación de unos 10.500 millones a través de la reimplantación de un impuesto financiero. Todo con tal de llevar el déficit de 0,5 por ciento del PBI a un superávit del 0,7 y evitar que otras agencias calificadoras de riesgo sigan el camino de Standard & Poors, que le quitó a Brasil su grado de inversión.
Estas medidas se tomaron en medio de marchas en contra del gobierno y otras a favor, que no hicieron más que generar un clima social aún más tenso. El nuevo paquete de ajuste, por otra parte, es rechazado por los aliados del oficialista Partido de los Trabajadores, de las principales federaciones industriales y de los sindicatos cercanos al gobierno que amenazan con huelgas.
Lo cierto es que lo que intenta Brasil es que la economía vuelva a crecer, pero primero deben pasar este amargo trago, aun cuando paguen el costo del rechazo que tiene en muchos sectores. Con estas medidas pretenden llegar al superávit, de modo de poder usar ese dinero para aumentar las inversiones y fomentar el crecimiento económico.
La oposición, mientras tanto, está haciendo su agosto, porque si bien hay sectores que tienen una visión de estadistas y comprender la situación en que está Brasil, hay quienes asumen la postura de cuanto peor sea la situación, más ventajas políticas sacan.
Incluso hay sectores opositores que están trabajando para la destitución de Dilma, porque cuando se pide un impeachment (grave interpelación) se está bloqueando la posibilidad de dialogar en un terreno de consenso.
En tanto, y ya en el plano político oficialista, Luiz Lula da Silva, está muy preocupado por la actualidad de su partido y de su pupila y actual presidenta Dilma Rousseff. Pero la realidad es que el PT no ha sabido responder a los ataques de los que fue objeto por la crisis y los casos de corrupción. El partido tuvo un momento de parálisis que fue bien aprovechado por la oposición. Sin embargo van a defender a Dilma hasta las últimas consecuencias según afirman a la prensa brasilera.
El expresidente, que dejó el gobierno a fines de 2010 con un alto índice de popularidad, fue también salpicado en los últimos meses por el escándalo de corrupción de la empresa estatal Petrobras. Durante sus años de gobierno se tejió allí un esquema de sobornos con empresas contratistas, cuya recaudación iba en parte a la financiación de campañas electorales del PT.
Brasil ha sido históricamente un país con corrupción, como muchos otros de América Latina, incluida la Argentina. Sin embargo hay que tomar debida nota de lo sucedido a nuestro vecino, porque la ciudadanía está comenzando a reaccionar, sobre la base de comprender que la corrupción le afecta directamente. Ayer sufrió Michelle Bachellet en Chile el escándalo por un caso de tráfico de influencias de su hijo que le generó marchas, conflictos y tener que dar un giro a su gobierno. Hoy le toca a Dilma que viene soportando una crisis política y económica enorme por el caso Petrobras. Más temprano que tarde nuestro país dejará de naturalizar la corrupción y a exigir buenos gobiernos y además transparentes y honestos.