La Justicia volvió a procesar a un hampón que se interpuso en el camino de una motociclista para intentar despojarla del rodado en el que se movilizaba.
El intento de robo protagonizado por el convicto ocurrió en inmediaciones de ruta 8 y Miguel Cané.
GOOGLE STREET VIEWEn las últimas horas, la Justicia ha tomado una postura firme frente a un hecho delictivo que, si bien no llegó a consumarse, refleja la audacia y la persistencia de sujetos con amplios antecedentes en el mundo del crimen local.
El centro de esta nueva investigación es un sujeto cuyo prontuario en los Tribunales parece no tener pausa, y que hoy se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras un frustrado asalto en plena ruta 8.
El incidente que motivó la actual intervención judicial ocurrió el lunes de esta semana alrededor de las 13:00. En un horario de alta circulación y plena luz del día, la víctima, una mujer joven, transitaba por la ruta 8 en dirección a Pergamino a bordo de su motocicleta marca Guerrero Trip de color azul. Al aproximarse a la intersección de la traza nacional con la calle Miguel Cané, la tranquilidad del viaje se vio abruptamente interrumpida.
Según consta en la investigación penal preparatoria, el convicto caminaba por la zona en compañía de otro sujeto. En un movimiento rápido y coordinado, el convicto se cruzó en el camino de una motociclista esgrimiendo una botella en su mano como arma improvisada.
Con gritos de "¡Baja, baja!", el agresor dejó en claro sus intenciones de despojar a la mujer de su vehículo, generando una situación de extremo peligro en una zona de tránsito fluido.
Sin embargo, la pericia y la rápida reacción de la víctima evitaron que el delito llegara a su fin.
La joven motociclista, lejos de paralizarse por la amenaza, realizó una maniobra evasiva de gran riesgo: giró bruscamente en "U" sobre la calzada, logrando alejarse de sus atacantes en cuestión de segundos.
En su búsqueda desesperada de auxilio, la mujer divisó a dos empleados municipales que se encontraban realizando tareas de mantenimiento y corte de pasto en las cercanías.
Hacia ellos se dirigió para buscar refugio y dar aviso de lo que estaba sucediendo.
La rápida intervención de estos testigos y el posterior llamado a las fuerzas de seguridad permitieron que el Comando de Patrulla actuara con celeridad.
A los pocos minutos de la denuncia, el personal policial logró dar con el paradero de los sospechosos y procedió a su aprehensión, trasladándolos de inmediato a la sede policial para dar inicio a las actuaciones legales correspondientes bajo la carátula de robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa.
El fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y de Juicio Nº 2, Germán Guidi, no tardó en elevar el pedido de conversión de aprehensión en detención ante el Juez de Garantías Nº 3, Fernando Ayestarán.
El argumento central de la fiscalía no reside únicamente en la gravedad del hecho reciente, sino en la conducta reiterativa del imputado. Al revisar el Sistema de Información del Ministerio Público (SIMP), los datos resultaron alarmantes: el sujeto registra una serie de causas abiertas que demuestran una actividad delictiva constante.
Entre los antecedentes que pesan sobre él se encuentra una IPP del año 2022 por hurto, elevada a juicio en abril de 2023. También se le atribuyen cargos por amenazas, daño y lesiones leves en 2025, además de otra causa por robo agravado por escalamiento que ya ha sido elevada al Tribunal Oral Departamental. Esta acumulación de procesos judiciales describe un perfil de alta peligrosidad y una nula voluntad de ajustarse a las normas de convivencia social.
Lo que resulta más indignante para los investigadores y para la comunidad es que el convicto había recuperado su libertad hace apenas unas semanas.
El 31 de marzo de 2026, el individuo fue excarcelado bajo caución juratoria en el marco de otra causa por robo (IPP 12-00-001998-26), cuyo requerimiento de elevación a juicio se firmó el 8 de mayo pasado. Es decir, solo tres días antes de intentar asaltar a la mujer en moto en la ruta 8, la justicia estaba cerrando la etapa de instrucción de su delito anterior.
Para el fiscal Guidi, este hecho es una prueba irrefutable de un profundo desprecio por la norma jurídica y las instituciones. El haber vuelto a delinquir casi de inmediato tras recibir un beneficio procesal es el principal sustento para solicitar que esta vez permanezca tras las rejas mientras se desarrolla el proceso, garantizando así que no entorpezca la investigación ni represente un riesgo para terceros. La justicia entiende que las medidas de libertad condicional o cauciones han fracasado sistemáticamente con este individuo.
Un punto de inflexión en la investigación actual fue la determinación de la responsabilidad de quien acompañaba al convicto al momento del ataque. Si bien ese cómplice fue aprehendido inicialmente junto al principal sospechoso, las pruebas recolectadas, incluyendo las filmaciones de las cámaras municipales gestionadas por el Centro de Operaciones y analizadas por el GTO de la Comisaría Primera, arrojaron luz sobre los roles desempeñados.
El análisis de los videos y las declaraciones de los propios involucrados confirmaron que fue el convicto quien cruzó de carril e interceptó físicamente a la víctima en la cinta asfáltica de la ruta 8. No se pudo acreditar que el cómplice tuviera una participación activa o una conducta delictiva coordinada en ese instante preciso del intento de robo.
Ante esta falta de evidencia directa sobre su coautoría o participación secundaria, se dispuso la libertad del cómplice bajo los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. Mientras tanto, el proceso contra el convicto avanza con celeridad hacia una posible resolución en audiencias orales, dada la naturaleza del procedimiento especial que busca abreviar los plazos y aplicar la ley con la contundencia que el caso requiere. El sujeto enfrenta un nuevo pedido de detención por robo con armas.