En el juicio oral: el fiscal Francisco Furnari solicitó una condena de prisión y una multa para una mujer de Colón, acusada de tener dosis para vender.
El juez Ignacio Uthurry sostuvo los argumentos de la sentencia por los planteos de la defensa de la mujer.
LA OPINIONEl jueves de la última semana se desarrolló en Pergamino el juicio oral contra una joven de Colón acusada de infringir la Ley de Estupefacientes. El fiscal Francisco Furnari solicitó que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 la condene a cuatro años y cuatro meses de prisión, además de una multa económica.
Para la acusación fiscal es autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Desde la acusación formalizaron la imputación en el juicio oral; donde la defensa de la mujer planteó su inocencia en la calificación de venta de estupefacientes.
El debate estuvo presidido por el juez Ignacio Uthurry y contó con la participación del coordinador del área de estupefacientes de la Fiscalía, el ayudante fiscal Juan Tomás Godoy. La defensa de la imputada estuvo a cargo del abogado Aquilino Giacomelli.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 28 de febrero de 2020, cuando la joven —que en ese momento acababa de cumplir 18 años— fue interceptada por personal de la División de Drogas Ilícitas de Pergamino en un espacio público de la ciudad de Colón, a la vera de la Ruta Nacional 8, entre calles 52 y 54. Los agentes señalaron que la acusada estaba sentada bajo un árbol manipulando lo que parecía un cigarrillo de marihuana mientras miraba alrededor con actitud que calificaron como “típica de consumidores”.
Al identificarla y requisarla, los efectivos hallaron 15 envoltorios plásticos de diferentes colores con marihuana, que sumaban un peso total de 89 gramos, además de un cigarrillo armado, dinero en efectivo y un teléfono celular. Para la Fiscalía, la forma en que estaba fraccionada la sustancia y la cantidad de dosis permiten concluir que no se trataba de consumo personal, sino de tenencia destinada a la venta, conducta que encuadra en el artículo 5 inciso “c” de la Ley 23.737.
Durante la audiencia de debate, la Fiscalía presentó como prueba el acta de procedimiento policial, croquis del lugar, fotografías, el test de orientación de la sustancia secuestrada y los informes periciales. También declararon los efectivos intervinientes y testigos que aseguraron haber comprado droga a la acusada en ese período.
La joven imputada decidió declarar después de que se produjeron las pruebas testimoniales. Reconoció que en aquella época había entregado estupefacientes, pero sostuvo que lo hizo bajo amenazas y presión de su entonces pareja, un hombre mayor que se aprovechaba de su adicción y la obligaba a colaborar con la venta. Dijo que él utilizaba su teléfono celular para las transacciones y que nunca antes lo había denunciado por temor. “Jamás tuve intenciones de vender droga; solo la entregaba por miedo”, aseguró ante el Tribunal.
El fiscal Furnari, no obstante, insistió en que las pruebas reunidas demuestran que la droga estaba en poder de la acusada y que el destino era su comercialización, por lo que pidió la condena de cuatro años y cuatro meses de prisión.
Por su parte, el defensor Giacomelli solicitó que se readecue la calificación a tenencia simple de estupefacientes, al entender que no se acreditó la intención de venta y que su defendida actuó bajo amenazas de su pareja. En consecuencia, pidió que la eventual condena sea en el mínimo legal previsto para esa figura.
El juez Ignacio Uthurry deberá ahora analizar las posiciones contrapuestas. El veredicto fue fijado para el viernes 19 de septiembre al mediodía, cuando se conocerá si la joven será considerada culpable de comercialización de drogas o si se le aplicará una calificación más leve, con una pena sustancialmente menor.
El caso generó expectativa en Colón, donde la acusada es vecina, y se enmarca en la política de la Fiscalía de Pergamino de avanzar con causas de narcomenudeo, sobre todo aquellas que ocurren en espacios públicos muy concurridos. Furnari destacó en su alegato que el hallazgo se produjo en la zona conocida como “los pinos”, un lugar donde suelen reunirse familias y niños a jugar, lo que —dijo— agrava la situación y refuerza la necesidad de sancionar conductas de venta en ámbitos de acceso comunitario.