La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de Maximiliano González por el homicidio de Marcos Gorbarán en el terraplén de Pergamino.
El joven de 21 años caminaba por la senda peatonal del terraplén cuando el conductor de la motocicleta lo atropelló letalmente provocándole la muerte en forma instantánea.
ARCHIVO LA OPINIONLa acumulación de pruebas en el expediente judicial permitió consolidar la acusación impulsada por el fiscal Fernando Pertierra y lograr que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmara la prisión preventiva de Maximiliano Gastón González, el hombre detenido por el hecho ocurrido en la senda peatonal del terraplén del arroyo, donde perdió la vida el joven Marcos Gorbarán.
La resolución fue dictada por la jueza subrogante de Cámara, Gladys Hamué, quien desestimó los planteos de la defensa y ratificó los argumentos esgrimidos por el juez de Garantías César Solazzi, al considerar que se daban los requisitos legales para mantener a González privado de su libertad durante el proceso penal. El acusado enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual y omisión de auxilio, delitos previstos en los artículos 79 y 108 del Código Penal, en concurso real (artículo 55), en el marco de la causa penal tramitada bajo el número PP N° 12-00-001888-25.
El episodio por el cual se encuentra detenido Maximiliano González ocurrió durante la madrugada, en el tramo del terraplén comprendido entre Boulevard Colón y calle Rocha, en la ciudad de Pergamino. De acuerdo con la investigación, el joven Marcos Gorbarán fue embestido mientras se desplazaba por la senda peatonal, en circunstancias que aún son materia de análisis judicial. Tras el impacto, el conductor del vehículo se habría dado a la fuga sin prestar auxilio a la víctima, quien falleció como consecuencia de las heridas sufridas.
El comportamiento posterior al hecho —la decisión de retirarse del lugar sin socorrer a la víctima— fue uno de los elementos valorados negativamente tanto por el juez de Garantías como por la Cámara al momento de evaluar el riesgo procesal y la gravedad de la imputación.
La apelación fue interpuesta por la Defensora Oficial Subrogante, Dra. Florencia Montanari, quien solicitó el cese de la prisión preventiva por considerar que no estaban dadas las condiciones que justifiquen la medida de coerción. En su presentación, la defensa sostuvo, entre otros puntos:
Que no se habían reunido pruebas suficientes para apartarse del principio general de libertad durante el proceso, conforme al artículo 144 del Código Procesal Penal (CPP).
Que el juez de Garantías había valorado con insuficiente rigurosidad los peligros procesales, especialmente el riesgo de fuga.
Que el delito debía ser calificado como homicidio culposo, no doloso, dado que el hecho ocurrió en una zona poco concurrida durante la madrugada, donde es común la circulación de motos y bicicletas.
Que el imputado no pudo haberse representado la posibilidad del desenlace fatal.
Que González posee arraigo en Pergamino, ya que cuenta con domicilio y trabajo estable.
Que la investigación ya se encontraba prácticamente concluida, por lo que no existía riesgo de entorpecimiento.
Que la pena en expectativa no debía ser el único argumento para sostener la prisión preventiva.
Que el Servicio Penitenciario Bonaerense atraviesa una situación de colapso estructural.
Además, la defensa citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la aplicación restrictiva de la prisión preventiva.
Pese a declarar admisible la apelación, la jueza Hamué consideró que los fundamentos presentados por la defensa no lograban desvirtuar los criterios del juez de Garantías. La Cámara compartió el análisis que sostuvo la existencia de riesgo de fuga, apoyado en diversos factores:
La gravedad de la imputación y la pena en expectativa, que en caso de condena sería de cumplimiento efectivo.
Los antecedentes penales del imputado, quien registra al menos tres condenas previas entre 2012 y 2018, lo que habilita incluso la posibilidad de que se declare su reincidencia.
La conducta posterior al hecho, destacándose su decisión de abandonar el lugar sin auxiliar a la víctima, lo que a juicio del tribunal refleja una actitud evasiva frente a la Justicia.
En cuanto al arraigo invocado por la defensa, la jueza sostuvo que no se presentaron elementos objetivos suficientes para neutralizar el peligro de fuga. Aunque González acreditó domicilio y trabajo, se valoró que tales datos, por sí solos, no alcanzaban para garantizar su sometimiento al proceso penal.
Respecto al riesgo de entorpecimiento de la investigación, si bien la defensa alegó que la causa estaba prácticamente cerrada, la Cámara no emitió una evaluación específica sobre este punto y centró su análisis exclusivamente en el riesgo de fuga.
Finalmente, la resolución reafirmó que la prisión preventiva, si bien debe aplicarse de manera excepcional, resultaba necesaria y proporcional en función del estado de la causa y los elementos reunidos. También sostuvo que la calificación legal —homicidio simple con dolo eventual y omisión de auxilio— no era arbitraria ni incompatible con el material probatorio colectado hasta el momento.
El expediente se encuentra en una etapa intermedia, en la que ya se ha producido una parte sustancial de la prueba y la acusación ha definido una calificación penal más grave que la inicial. En ese sentido, el fiscal Pertierra fundó el cambio de la figura de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual, sosteniendo que González se representó el riesgo de causar un daño grave con su conducta y decidió actuar de todos modos.
La decisión de la Cámara no implica una condena, pero refuerza la hipótesis fiscal y mantiene a González en detención mientras se define su situación en el juicio oral.