El organismo de Ramallo expresó preocupación por el proyecto nacional que modificaría la normativa vigente y podría afectar el acceso a tratamientos.
El CPA de Ramallo alertó sobre el impacto del proyecto que modifica la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y advirtió sobre riesgos en derechos, presupuesto y acceso a tratamientos.
lavozderamallo.com.arEl Centro Provincial de Atención de la Salud Mental (CPA) de la ciudad de Ramallo manifestó su inquietud ante el proyecto nacional que propone modificar la Ley 26.657. Desde la institución advirtieron que los cambios en debate podrían implicar un retroceso en derechos, afectar el acceso a tratamientos y debilitar el modelo comunitario vigente.
A través de un comunicado institucional, el CPA de Ramallo cuestionó el alcance de la iniciativa en discusión y advirtió sobre posibles impactos en el financiamiento del sistema. Según señalaron, uno de los puntos más sensibles es la eventual reducción o eliminación de partidas destinadas al trabajo territorial y comunitario.
Desde el organismo destacaron que estos recursos son esenciales para sostener dispositivos de atención cercanos a la comunidad, que permiten acompañar a las personas en sus contextos cotidianos. En ese marco, alertaron que una disminución presupuestaria podría afectar directamente el acceso a tratamientos y la continuidad de espacios locales.
Otro de los ejes centrales de la preocupación radica en el posible cambio de enfoque que introduciría la reforma. La normativa vigente se basa en una perspectiva integral que contempla factores sociales, culturales y vinculares, además de los aspectos médicos.
Sin embargo, desde el CPA advirtieron que el nuevo proyecto tendería a restringir ese abordaje, reduciendo las problemáticas de salud mental a diagnósticos clínicos. En ese sentido, remarcaron que existe el riesgo de abandonar el trabajo interdisciplinario que se ha consolidado en los últimos años.
El organismo también expresó preocupación por la eventual habilitación de prácticas vinculadas a la institucionalización prolongada, un modelo que ha sido cuestionado por sus efectos negativos. Según indicaron, este tipo de dispositivos tiende a aislar a las personas y limitar su autonomía.
Desde el CPA subrayaron que la ley actual promueve la inclusión, el respeto por los derechos humanos y la integración social. En ese marco, convocaron a la comunidad a informarse y participar del debate público, al tiempo que insistieron en la necesidad de defender la normativa vigente y garantizar su plena implementación.