FAGDUT realiza un paro de 48 horas en 30 facultades de la UTN, incluyendo San Nicolás, en reclamo por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario.
Docentes de la UTN San Nicolás se suman al paro nacional de 48 horas por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario
Diario El NorteLa Federación Argentina de Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT) anunció un paro nacional de 48 horas que afecta las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, incluida la Facultad Regional San Nicolás, donde no habrá clases durante las jornadas de martes y miércoles.
La protesta se da tras la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, promulgada este martes por el Gobierno Nacional y posteriormente suspendida hasta tanto el Congreso de la Nación designe las fuentes de financiamiento correspondientes en el Presupuesto Nacional.
La ley, sancionada luego de la insistencia del Congreso pese al veto presidencial previo, establecía un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, con actualización automática de gastos de funcionamiento según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, además de la recomposición salarial del personal docente y no docente.
Desde FAGDUT, el secretario general Ricardo Mozzi cuestionó la medida: “La dilación del Gobierno sólo genera tensión y malestar. Mientras el Presidente sigue enfocado en endeudar al país, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de pobreza”.
A su vez, el secretario adjunto José Gabriele remarcó que “es irrisorio que esta Ley sea la única herramienta que tenemos para forzar un canal de diálogo con el Gobierno”. En paralelo, otros gremios universitarios y el personal no docente representado por FATUN se sumaron a la huelga, que se extenderá durante toda la jornada de este miércoles.
La suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario fue oficializada en el Boletín Oficial mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, donde el Poder Ejecutivo justificó la medida en el impacto fiscal que implicaría su aplicación inmediata.
La decisión generó preocupación en el sistema universitario, que advierte un deterioro creciente en el presupuesto educativo y las condiciones laborales, mientras continúa la incertidumbre sobre la ejecución efectiva de los fondos para el año próximo.