Directivos de escuelas primarias de Pergamino pidieron protección institucional tras agresiones a docentes y directivos en escuelas del distrito.
En la Escuela Secundaria 10 de Estanislao del Campo y Schumacher provocaron destrozos y hubo un alumno herido.
LA OPINIONDirectivos de numerosas escuelas primarias de Pergamino presentaron una nota formal ante las máximas autoridades de Inspección de Educación para expresar su preocupación por reiterados episodios de violencia escolar, agresiones verbales, hostigamientos y recientes hechos físicos contra docentes y directivos ocurridos en establecimientos del distrito.
La presentación fue dirigida al jefe regional de Educación, profesor Federico Castellano; a la jefa distrital, profesora Erica García; a inspectoras de nivel y también a responsables de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. El documento lleva la firma de una amplia representación de equipos directivos de escuelas urbanas y rurales del Partido de Pergamino.
El planteo surge en un contexto de fuerte preocupación dentro de la comunidad educativa luego de situaciones recientes que generaron alarma en distintos establecimientos. Entre los episodios mencionados por directivos y autoridades escolares aparece como uno de los más graves el ocurrido en la Escuela Secundaria Nº 10 del barrio José Hernández, donde una directora fue víctima de una agresión física. También se menciona lo sucedido en la Escuela Primaria Nº 52 del barrio Villa Alicia, donde se registraron situaciones conflictivas que incrementaron el reclamo de resguardo institucional.
En el texto, los directivos sostienen que en los últimos tiempos se repiten hechos de agresión verbal, hostigamiento y violencia física ejercidos por familias hacia personal docente y directivo, situaciones que califican como inadmisibles por poner en riesgo la integridad de quienes trabajan diariamente dentro del sistema educativo.
La nota advierte que el reciente ataque físico a una directora generó una fuerte conmoción en el distrito porque, según expresan, no solo afecta a una autoridad institucional sino que vulnera derechos fundamentales y altera el funcionamiento cotidiano de las escuelas.
Los firmantes recuerdan que el ejercicio de la docencia se encuentra protegido por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley Provincial de Educación Nº 13.688, el Estatuto del Docente y otras normas vigentes que garantizan el derecho a enseñar y aprender en ámbitos de respeto, legalidad y convivencia democrática.
En ese sentido remarcan que la Constitución Nacional y la legislación en materia de derechos humanos resguardan la integridad física, psíquica y emocional de todas las personas, incluidos docentes y directivos, por lo que consideran inadmisible naturalizar agresiones, amenazas, hostigamientos o denuncias infundadas contra trabajadores de la educación.
Otro de los puntos señalados en el documento refiere al crecimiento de conflictos escolares trasladados a redes sociales. Los directivos expresan preocupación por publicaciones agraviantes, comentarios injuriantes, escraches públicos y utilización de perfiles falsos para desacreditar a docentes y autoridades escolares.
Según indican, estas prácticas afectan gravemente el clima institucional, deterioran el vínculo entre escuela y familia y perjudican directamente a los estudiantes, quienes necesitan transitar su escolaridad en entornos estables, ordenados y protegidos.
El texto también enfatiza que la escuela tiene una función pedagógica específica y que, si bien trabaja articuladamente con otros organismos del Estado, no puede quedar expuesta a presiones o demandas que excedan su rol institucional y coloquen a los equipos educativos en condiciones de vulnerabilidad.
Por esa razón, solicitaron una reunión urgente con autoridades educativas para avanzar en acuerdos concretos que permitan establecer medidas de protección y protocolos claros de intervención.
Entre los pedidos centrales figuran garantizar la protección física, psíquica y emocional del personal docente y directivo; reforzar protocolos frente a situaciones de violencia ejercida por adultos; acompañar institucionalmente a escuelas en conflicto con familias; resguardar la autoridad pedagógica; intervenir ante agresiones o difamaciones en redes sociales; y asegurar condiciones institucionales adecuadas para el aprendizaje.
En el cierre del documento, los equipos directivos reafirmaron su compromiso con la educación pública, con los estudiantes y con sus familias, pero remarcaron que ese compromiso requiere condiciones mínimas de seguridad, respeto y respaldo institucional.
La nota fue acompañada por firmas de directivos y vicedirectivos de una extensa nómina de escuelas primarias de Pergamino y localidades rurales, entre ellas las primarias Nº 52, Nº 12, Nº 2, Nº 44, Nº 24, Nº 63, Nº 18, Nº 42, Nº 64, Nº 3, Nº 53, Nº 4, Nº 19, Nº 41, Nº 50 de Fontezuela, Nº 7 de Mariano H. Alfonso, Nº 34, Nº 8, Nº 29, Nº 54, Nº 26, Nº 20, Nº 23 de Pinzón, Nº 56, Nº 6 y Nº 9.
La amplia adhesión refleja que el planteo excede un episodio puntual y expresa una preocupación extendida dentro del sistema educativo local, donde directivos consideran necesario abrir una discusión institucional urgente sobre convivencia escolar, autoridad pedagógica y protección laboral.