El juez César Solazzi no hizo lugar al requerimiento de los abogados defensores de ocho policías y un civil involucrados en maniobras ilícitas.
Los controles viales en la ruta nacional 8 servían para labrar infracciones de tránsito y requerir pagos ilegítimos a través de transferencias bancarias.
LA OPINIONEn una resolución dictada recientemente, el Juzgado de Garantías Nº 1 de Pergamino decidió no hacer lugar a los pedidos de excarcelación ordinaria presentados por la defensa de los ocho efectivos policiales y un civil involucrados en una red de corrupción en el Destacamento de Policía Vial de Colón.
Los nueve imputados están acusados de liderar y participar en una organización que exigía dádivas a automovilistas y transportistas para permitirles circular. Según la investigación, los efectivos operaban bajo una modalidad que incluía el cobro de estas exacciones ilegales incluso mediante transferencias bancarias, lo cual facilitó el rastreo del beneficio económico indebido obtenido de las múltiples víctimas.
El juez a cargo de la causa, César Solazzi, fundamentó el rechazo a la libertad basándose en la calificación legal de los hechos: asociación ilícita, exacciones ilegales reiteradas, concusión e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.
El tribunal consideró que, debido a la multiplicidad de hechos cometidos y a la gravedad de los delitos contra la administración y el orden público, la pena en expectativa supera ampliamente el máximo de ocho años estipulado para conceder la libertad condicional.
En sus fundamentos, el juez destacó que la calidad de funcionarios públicos de los procesados y la naturaleza de la asociación ilícita que integraban permiten inferir que, en caso de una eventual condena, la misma sería de cumplimiento efectivo y no en suspenso.
Traslado a unidades penitenciarias Tras la negativa a la excarcelación, la justicia ordenó que los encartados permanezcan detenidos a disposición del Juzgado de Garantías. Asimismo, se ha requerido formalmente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la asignación de cupos en unidades penales para el inmediato alojamiento de los ocho policías implicados en la causa.
La investigación continúa bajo la órbita de la UFIJ Nº 1 de Colón, a cargo de la fiscal Magdalena Brandt, mientras se analizan las pruebas que confirmarían la sistematicidad de los pedidos de "coimas" en las rutas de la región.