La desidia estatal en comisarías y unidades penales pone en jaque la seguridad de los vecinos de San Nicolás
La saturación en los centros de detención de la ciudad de San Nicolás, expone una crisis estructural en materia de seguridad y provoca una situación alarmante. La constante falta de inversión en infraestructura edilicia, sumada a la sobrepoblación carcelaria, ha llevado al colapso de las Comisarías y de la Unidad Penal de la ciudad.
La crisis en el sistema de seguridad continúa profundizándose ante la desidia estatal que viene de antaño, por parte de todos los niveles del Estado (municipal, provincial y nacional) y la ausencia de políticas sostenidas de inversión en infraestructura penitenciaria. Actualmente, todos los centros de detención de la jurisdicción presentan un cuadro crítico de sobrepoblación, lo que no solo vulnera los derechos básicos de los detenidos, sino que también pone en jaque la seguridad de las propias fuerzas policiales y de los vecinos de San Nicolás.
La reciente prohibición de alojar personas privadas de libertad en los calabozos de las Comisarías Segunda y Tercera, así como en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), lejos de aportar una solución, ha agravado aún más la situación. La totalidad de los detenidos que anteriormente eran distribuidos en esas dependencias han sido derivados a la Comisaría Primera, que hoy se encuentra totalmente desbordada y sin capacidad para recibir un solo detenido más.
Vale aclarar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S.J.N) tiene dicho que no pueden haber personas en calidad de detenida en los calabozos de las Comisarías, dado que los mismos no cuentan con la infraestructura necesaria para alojar personas en largos períodos de tiempo, sino más bien de forma provisoria. De conformidad con nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Bs. As., una persona, en el caso de que no sea excarcelada, luego ser aprehendida puede quedar privada de su libertad en calidad de detenida como máximo un mes. Luego el Juez de Garantías puede dictar o no la prisión preventiva. Durante este mes, comúnmente quedan alojadas en los calabozos de las comisarías, lo que ya de por sí constituye una grave irregularidad (a los ojos del fallo de la C.S.J.N). Pero lo cierto es que la falta de cupos en la Unidad Penal N°3 no permite otra alternativa material posible. Por lo que estos calabozos, pensados para tener a personas aprehendidas durante poco tiempo, albergan detenidos y procesados con prisión preventiva.
Ante estas condiciones, el conflicto es moneda corriente, y los calabozos son una bomba de tiempo constantemente a punto de estallar.
Los habeas corpus colectivos resultaron ser un boomerang, toda vez que, si bien les asiste razón en la cuestión de Derecho, en la práctica la Política no ha invertido en mejorar, crear o ampliar ningún centro de detención, lo que ha ayudado a producir el presente “cuello de botella”.
Fuentes policiales advierten que esta situación genera serias complicaciones operativas y de seguridad. La falta de espacios adecuados y las condiciones de hacinamiento afectan la labor cotidiana de los efectivos, imposibilitando el normal desarrollo de las tareas de prevención y custodia, y aumentando los riesgos de incidentes dentro de los calabozos.
Organismos de derechos humanos y expertos en seguridad han advertido que la falta de respuestas estructurales pone en evidencia una política de seguridad reactiva, basada en parches y medidas de urgencia, sin atacar las causas de fondo: la falta de presupuesto, de planificación y de infraestructura adecuada para alojar a la población detenida.
En buena hora el Gobernador de la provincia de Bs.As ha anunciado destinar 770 millones de pesos para que el Municipio de San Nicolás invierta en materia de seguridad, uno de los flancos de la gestión Passaglia. La falta de cooperación entre Municipio y Provincia en materia de seguridad, ha tenido de rehenes a los vecinos de la ciudad mientras se echaban culpas políticas sin tomar cartas en el asunto.
La crisis exige medidas urgentes y de fondo que incluyan no solo la ampliación y refacción de los espacios de detención, sino también una revisión profunda de las políticas de seguridad y de gestión penitenciaria. De lo contrario, la situación amenaza con agravarse aún más, con consecuencias imprevisibles para la seguridad pública y el respeto por los Derechos Humanos.