La Cámara Federal ratificó imputaciones. Embargos por $8000 millones a exfuncionarios acusados de facilitar el direccionamiento de obras de la causa vialidad.
Lazaro Baez durante el juicio oral. Causa Vialidad
LAOPINIONCon esta decisión, la Justicia avanzó sobre la pata provincial del caso Vialidad, la trama de corrupción por la que Cristina Fernández de Kirchner cumple seis años de prisión. Los camaristas confirmaron los procesamientos y embargos de 14 exfuncionarios santacruceños y un técnico que, según el fallo, fueron parte del engranaje que permitió el desvío sistemático de la obra pública hacia el grupo Austral Construcciones.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que confirmaron el procesamiento dispuesto por el juez Julián Ercolini.
Según el tribunal, los imputados incumplieron sus deberes de control y fiscalización, permitiendo las irregularidades que beneficiaron a Báez y sus empresas durante más de una década.
Los magistrados sostuvieron que los funcionarios “omitieron ejercer adecuadamente sus funciones de verificación y resguardo del interés público”, lo que fue “fundamental para lograr el resultado criminal deseado”.
Los procesados son Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves, todos exfuncionarios de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz (AGV).
A ellos se suma José Carlos Pistán, representante técnico de empresas del grupo Báez, procesado como partícipe necesario del fraude.
La investigación se concentró en el accionar de los responsables regionales de la AGV, considerados por la Justicia como “los ejecutores locales” del esquema de corrupción organizado desde el Poder Ejecutivo nacional.
Según el fallo, los imputados avalaron licitaciones irregulares, adjudicaciones exprés, sobreprecios, pagos preferenciales y extensiones de plazos sin justificación.
“El hecho de que las mismas prácticas se reiteraran a lo largo del tiempo y en múltiples procedimientos refuerza la hipótesis de una estructura sostenida durante más de una década”, detalla el fallo.
A diferencia del tramo principal del caso —por el cual fueron condenados Báez y Cristina Kirchner—, la Cámara consideró que los exfuncionarios provinciales “revisten menor capacidad de daño”, por lo que ajustó el monto del embargo.
El total dispuesto asciende a $8000 millones, una cifra considerable, pero muy inferior a los más de 600.000 millones de pesos que pesan sobre los responsables nacionales del esquema.
Con esta resolución, la Cámara Federal ratifica la responsabilidad provincial en la maniobra que direccionó la obra pública de Santa Cruz hacia el grupo de Báez, y acerca el expediente a la etapa de juicio oral.
La confirmación marca un paso más en el proceso judicial más emblemático de corrupción en la historia reciente del país.