jueves 30 de octubre de 2025

Milei busca aliados para asegurar las reformas en un Congreso fragmentado

Con el recambio legislativo, La Libertad Avanza suma poder pero no alcanza el quórum. El Gobierno dependerá de radicales, peronistas independientes y fuerzas provinciales para sostener su agenda de reformas.

29 de octubre de 2025 - 11:39

Con el recambio del 10 de diciembre, La Libertad Avanza quedará más fuerte en el Senado pero lejos del quórum propio. El “número mágico” sigue siendo 37: sin ese piso, el oficialismo deberá tejer acuerdos con radicales, peronistas no kirchneristas y fuerzas provinciales para sacar adelante su paquete de reformas.

Un Senado fortalecido pero sin mayoría propia

A partir del 10 de diciembre, el Senado argentino cambiará su composición. El oficialismo de Javier Milei quedará más fuerte con 18 senadores, pero aún lejos del quórum necesario para aprobar leyes sin negociar. La cifra clave es 37: los votos que se necesitan para iniciar una sesión y sancionar la mayoría de los proyectos.

El mapa político tras el recambio

El nuevo escenario legislativo muestra a un kirchnerismo en retroceso, que conservará 28 bancas y la condición de primera minoría.

En segundo lugar, La Libertad Avanza contará con 18 senadores propios, número que puede ampliarse a 24 con el apoyo del formoseño Francisco Paoltroni, separado del bloque por orden de Santiago Caputo, y de cinco miembros del Proque hoy actúan como aliados del Gobierno.

Entre ambos polos quedará un mosaico de 19 legisladores de diversas fuerzas —radicales, provinciales e independientes—, que con su voto definirán la suerte de las leyes clave en la segunda mitad del mandato.

El bloque radical, clave en la negociación

Con 10 integrantes, el radicalismo será un espacio decisivo para la gobernabilidad. El bloque que preside Eduardo Vischi (Corrientes) ya mostró su disposición a acompañar al Gobierno en varias votaciones.

El presidente Alfredo Cornejo aportará los votos mendocinos de Mariana Juri y Rodolfo Suárez, y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, sumará el de la senadora electa Silvana Schneider.

También podrían alinearse Eduardo Galaretto y Carolina Losada, de Santa Fe. Aunque Losada no responde a la conducción provincial de Maximiliano Pullaro, su perfil antikirchnerista la acerca ideológicamente al oficialismo.

La Casa Rosada mantiene un frente abierto con Corrientes, donde Vischi y Mercedes Valenzuela se alejaron tras la disputa electoral. Una eventual recomposición con el gobernador correntino podría devolver dos votos valiosos a la cuenta del oficialismo.

Los aliados provinciales, otro eje de poder

Las fuerzas provinciales también se convertirán en un terreno de negociación permanente. Dependientes de fondos nacionales, suelen mantener una postura dialoguista, aunque con reclamos puntuales.

En este grupo se destacan los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia, leales al Gobierno de Milei y al liderazgo provincial de Carlos Rovira.

El panorama es más incierto con los mandatarios agrupados en Provincias Unidas, que mostraron resultados dispares en las elecciones. En este espacio se cuentan la salteña Flavia Royón (alineada con Gustavo Sáenz), las chubutenses Edith Terenzi (UCR) y Andrea Cristina (Pro), cercanas al gobernador Ignacio Torres, la cordobesa Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti, y el correntino Carlos Espínola.

La lista la completan Julieta Corroza, de La Neuquinidad —espacio del gobernador Rolando Figueroa—, y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, del frente Por Santa Cruz, que suelen votar de manera independiente al gobernador Claudio Vidal.

Desafío central: evitar un Congreso rebelde

El antecedente inmediato muestra un Congreso que, durante los últimos meses, le impuso duras derrotas legislativas al Gobierno.

En la primera etapa, la vicepresidenta Victoria Villarruel logró articular mayorías transversales; pero la estrategia electoral de Karina Milei rompió parte de esos vínculos.

El desafío ahora será reconstruir puentes con la oposición dialoguista para evitar un escenario de bloqueo legislativo que comprometa la agenda de reformas estructurales del Ejecutivo.

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