La maniobra había vaciado las cuentas de una empresa de Pergamino. Se secuestró material digital clave para la causa que sigue buscando pruebas.
La Fiscalía de Pergamino logró avanzar en una causa por una multimillonaria estafa a una empresa de la ciudad al despojarlos de todo el dinero que atesoraban en la cuenta bancaria a través de un virus troyano, que lograron reconstruir quienes lo operaban desde computadoras de ciberdelincuentes integrantes de una organización criminal.
Una estafa millonaria que dejó al descubierto la creciente sofisticación del delito digital puso en marcha en los últimos días un operativo de gran magnitud que se desplegó en varios domicilios del Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para obtener evidencias en domicilios de personas sospechadas.
El Departamento de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal, a cargo de José María Cifuentes, en coordinación con la Fiscalía N.º 1 del fiscal Fernando Pertierra, llevó adelante una serie de cinco allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El procedimiento constituye un paso clave en la investigación por un fraude electrónico estimado en 200 millones de pesos.
El caso se inició semanas atrás, cuando una empresa de la ciudad denunció que sus cuentas bancarias habían sido vaciadas a través de transferencias fraudulentas. La maniobra no solo generó un fuerte perjuicio económico, sino que también encendió alertas en la Justicia sobre la vulnerabilidad de los sistemas financieros frente a ataques informáticos cada vez más organizados.
De inmediato, la Fiscalía N.º 1 dispuso la intervención del Departamento de Cibercrimen, que asumió la dirección técnica de la pesquisa. Los investigadores se sumergieron en los entornos digitales desde donde se fraguó el fraude, con el objetivo de rastrear el itinerario del dinero y dar con los responsables.
El equipo especializado desplegó técnicas avanzadas de rastreo informático y análisis de transacciones electrónicas. Mediante herramientas de investigación digital fue posible identificar movimientos bancarios sospechosos, conexiones remotas y dispositivos electrónicos que habrían sido utilizados para vulnerar las cuentas de la firma afectada.
Los resultados fueron inmediatos: la pesquisa no solo permitió reconstruir el camino del dinero, sino también gestionar el reintegro de los fondos a la empresa damnificada. En paralelo, se lograron identificar usuarios, perfiles y entornos virtuales empleados por los responsables de la maniobra. Con esos datos, la Justicia determinó que existían nodos operativos en distintas jurisdicciones, lo que derivó en la necesidad de avanzar con allanamientos en puntos estratégicos.
Con autorización judicial, se concretaron cinco allanamientos simultáneos: dos en el conurbano bonaerense, en las localidades de Villa Hermosa y Florencio Varela, y tres en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los procedimientos en la provincia estuvieron a cargo de la División de Investigaciones en Ciberdelitos Contra Niños, Niñas y Adolescentes (dependiente de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen), conducida por el secretario Lucas Lasala. En tanto, los operativos en la Capital Federal fueron ejecutados por el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO), de la Dirección General de Inteligencia Criminal, bajo la coordinación del comisario mayor Adrián Luis Mazza.
El despliegue incluyó un importante número de efectivos y equipos técnicos preparados para asegurar dispositivos electrónicos y documentación sensible. El material secuestrado será sometido a pericias de informática forense, un proceso que permitirá profundizar el análisis sobre los canales utilizados por los estafadores y, eventualmente, detectar ramificaciones de la organización.
Durante los allanamientos se incautaron computadoras, teléfonos celulares, soportes de almacenamiento y documentación de interés. Según informaron fuentes judiciales, el contenido será sometido a un riguroso análisis pericial que podría arrojar nuevas pruebas acerca de la forma en que se ejecutó el fraude y de la posible existencia de más víctimas.
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es que la maniobra detectada en Pergamino podría formar parte de una red de mayor alcance, dedicada a cometer delitos financieros mediante el uso de software malicioso y técnicas de ingeniería social para obtener claves de acceso a cuentas bancarias.
El trabajo coordinado entre la Fiscalía N.º 1 y el Departamento de Cibercrimen de Pergamino marca un precedente importante en la región. En un contexto donde las estafas digitales se multiplican, el éxito de este operativo demuestra la capacidad de respuesta del Ministerio Público Fiscal para afrontar delitos complejos que requieren no solo conocimientos legales, sino también técnicos de alta especialización.
“Este tipo de investigaciones ponen de relieve la necesidad de contar con equipos preparados para actuar en el ecosistema digital. Los estafadores se profesionalizan, pero también lo hacen los organismos que los investigan”, señaló una fuente judicial vinculada al caso.
La estafa descubierta refleja un fenómeno que crece en todo el país: los fraudes electrónicos se consolidan como uno de los delitos más frecuentes, afectando tanto a particulares como a empresas. Según datos oficiales, los ciberataques financieros aumentaron más del 60 % en los últimos tres años en Argentina.
Para Pergamino, la causa representa un llamado de atención sobre los riesgos que enfrentan las empresas locales al operar en entornos digitales y la importancia de invertir en mecanismos de seguridad informática.
Con la evidencia reunida, la investigación ingresa ahora en una etapa de análisis pericial que será determinante para avanzar en imputaciones concretas contra los responsables. Los investigadores no descartan que surjan nuevas ramificaciones del caso, dado el volumen de información incautada en los allanamientos.
La Justicia considera que este tipo de fraudes no se limitan a un grupo reducido de personas, sino que en general responden a estructuras organizadas que operan en red. Por eso, los allanamientos no solo apuntaron a asegurar pruebas, sino también a desarticular posibles bases operativas desde donde se coordinaban las transferencias ilegales.
El operativo bautizado como “Código Rojo” deja al descubierto la capacidad de daño económico que puede tener el delito digital y, al mismo tiempo, muestra que la respuesta judicial y policial puede ser efectiva cuando se actúa con rapidez y coordinación.
“Se trata de una investigación de alta complejidad que todavía tiene mucho por avanzar. Lo importante es que la víctima pudo recuperar el dinero y que ya tenemos pruebas sólidas para seguir adelante con la causa”, sintetizó un investigador cercano al expediente.