En San Antonio de Areco la asociación que recibió a los perros por orden judicial denunció insultos, amenazas y acusaciones mientras avanza la investigación.
La inédita entrega judicial de dos galgos utilizados presuntamente para la caza ilegal en San Antonio de Areco derivó en una ola de insultos, amenazas y acusaciones contra Corazones Vagabundos, la asociación designada por la Justicia para resguardar a los animales.
boscoproducciones.com.arLo que comenzó como un procedimiento judicial vinculado a la protección animal terminó generando una fuerte controversia en la ciudad de San Antonio de Areco. La asociación Corazones Vagabundos, designada por la Justicia para resguardar dos galgos secuestrados en una causa por presunta caza ilegal, denunció haber sido víctima de amenazas, insultos y acusaciones en redes sociales y otros ámbitos.
La situación se originó luego de que la Fiscalía y la Patrulla Rural dispusieran el secuestro de dos perros galgos hallados en un predio privado donde presuntamente eran utilizados para actividades de caza. Ante esta medida, Corazones Vagabundos fue nombrada depositaria judicial de los animales hasta que se resuelva el expediente.
Sin embargo, integrantes de la organización señalaron que muchas personas interpretaron erróneamente que la entidad había impulsado la denuncia que dio origen al procedimiento. Desde la asociación aclararon que únicamente intervinieron porque fueron convocados por las autoridades judiciales para recibir y proteger a los animales.
Según explicaron, desde entonces comenzaron a recibir mensajes agresivos, cuestionamientos e incluso amenazas por parte de personas que rechazan este tipo de intervenciones vinculadas a la protección animal.
De acuerdo con lo informado por la organización, ambos galgos fueron sometidos a controles veterinarios tras quedar bajo resguardo. Los profesionales detectaron distintas afecciones físicas que ahora forman parte de la evaluación realizada en el marco de la causa.
Desde Corazones Vagabundos señalaron que uno de los perros presentaría una posible hernia, mientras que ambos exhibían signos compatibles con sobreexigencia física y dolor. También indicaron que registraban lesiones y cortes que evidenciarían un desgaste importante para animales de corta edad.
La entidad sostuvo además que existen prácticas asociadas a la utilización de galgos para la caza que generan preocupación entre los proteccionistas, incluyendo restricciones alimentarias y exigencias físicas que pueden afectar el bienestar de los animales.
El caso volvió a instalar en la comunidad una discusión de larga data sobre los límites entre el uso de perros para determinadas actividades y las situaciones que pueden ser consideradas maltrato animal.
Mientras algunos sectores sostienen que los galgos no presentaban signos visibles de abandono extremo, desde la organización remarcan que la problemática debe analizarse de manera integral, contemplando las condiciones de vida, las lesiones acumuladas y la explotación a la que pueden ser sometidos los animales.
Los referentes de la asociación recordaron además otros episodios ocurridos en la zona durante los últimos años, incluyendo rescates de galgos con heridas graves y casos de abandono que generaron fuerte repercusión pública.
A la complejidad del conflicto se suma la situación económica de la entidad, que informó mantener una deuda veterinaria cercana a los ocho millones de pesos. Para afrontar esos gastos impulsó una rifa solidaria y desmintió versiones sobre supuestos beneficios económicos derivados de su actividad, asegurando que el trabajo es completamente voluntario.
Mientras la investigación judicial continúa su curso, el caso ya dejó expuesta una fuerte división de opiniones en San Antonio de Areco y abrió un debate que trasciende el destino de los dos galgos involucrados.