Una amenaza de bomba en la Escuela Agropecuaria 1 activó un amplio operativo policial con evacuación preventiva y trabajo de explosivistas.
Operativo por amenaza de bomba en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino con evacuación preventiva y trabajo de explosivistas.
LA OPINION Operativo por amenaza de bomba en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino con evacuación preventiva y trabajo de explosivistas.
LA OPINION Una amenaza de bomba en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino obligó a evacuar el establecimiento este jueves al mediodía y generó un amplio despliegue policial, con intervención de peritos en explosivos.
Un importante operativo de seguridad se desplegó este jueves al mediodía en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino tras recibirse un llamado anónimo que advertía sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo en el interior del establecimiento educativo.
Ante la gravedad de la amenaza, las autoridades activaron el protocolo correspondiente y procedieron a evacuar de manera preventiva a estudiantes, docentes y personal auxiliar, priorizando la integridad de toda la comunidad educativa.
En el lugar intervino personal policial junto a especialistas en explosivos y efectivos de Policía Científica, quienes iniciaron una minuciosa inspección del edificio para descartar la presencia de cualquier elemento sospechoso. El operativo fue coordinado desde el móvil policial 30286, a cargo del teniente Oroño, a la espera de directivas superiores.
Además, agentes municipales de Patrulla Urbana colaboraron con el ordenamiento del perímetro externo, facilitando el trabajo de las fuerzas de seguridad y restringiendo el acceso a la zona mientras se desarrollaban las tareas de verificación.
Fuentes consultadas indicaron que, en principio, la amenaza sería de carácter falso; sin embargo, el procedimiento se llevó adelante bajo estrictos protocolos, como ocurre en este tipo de situaciones, hasta descartar completamente cualquier riesgo.
En paralelo, la Fiscalía interviniente inició actuaciones judiciales y solicitó informes a empresas de telefonía y registros de antenas de telefonía celular con el objetivo de rastrear el origen del llamado y avanzar en la identificación de la persona responsable de la intimidación pública.
Este tipo de episodios no solo genera preocupación en la comunidad educativa, sino que también implica un importante despliegue de recursos humanos y logísticos, por lo que desde las autoridades reiteran la importancia de evitar este tipo de conductas que constituyen un delito penal.