El fiscal Fernando Pertierra los notificó del inicio del proceso por el delito de estrago culposo al docente y a la directora e incumplimiento de los deberes de funcionario público a la inspectora.
La explosión fue provocada por la presencia de Clorato de Potasio en los materiales utilizados para emular la erupción de un volcán en la maqueta.
LA OPINIONEn la mañana de este lunes en la Fiscalía 1 notificaron del proceso penal a las tres personas involucradas en la causa que determina las responsabilidades por la explosión en el Instituto Comercial Rancagua ocurrida en la trágica noche del jueves 9 de octubre.
El avance judicial por la explosión ocurrida durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua tuvo este lunes un paso decisivo. En horas de la mañana, en el tercer piso del Ministerio Público Fiscal, el titular de la Fiscalía Nº 1, Fernando Pertierra, notificó formalmente el procesamiento penal de las tres personas consideradas responsables del episodio que dejó 19 heridos, entre ellos la niña de 10 años Catalina Maglio, quien continúa en período de recuperación en el Hospital de Pediatría Garrahan.
El acto de notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal, mediante el cual se comunica el inicio formal de la causa penal en calidad de imputados, alcanzó a la inspectora de nivel Secundario de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (Dipregep), a la directora del establecimiento educativo y al profesor de Química responsable del proyecto presentado en la feria. Los tres asistieron acompañados por sus abogados defensores.
Según detallaron fuentes judiciales, al docente y a la directora se les notificó la apertura de la acusación por el delito de estrago culposo, que contempla la generación por negligencia o impericia de una explosión, incendio u otro suceso capaz de producir daños graves. A la inspectora de Dipregep, en tanto, se la imputó por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, figura que alcanza a quienes omiten o ejecutan de manera irregular las responsabilidades que les compete controlar.
La causa avanzó con celeridad en los últimos días luego de que la brigada de Explosivos de la Policía bonaerense entregara el informe pericial clave para determinar responsabilidades. Ese análisis confirmó que entre los materiales utilizados para la maqueta del volcán figuraba clorato de potasio, una sustancia prohibida para usos escolares debido a su elevada capacidad de combustión y riesgo de detonación. De acuerdo con los peritos, el empleo de ese compuesto —manipulado sin los protocolos técnicos correspondientes— resultó determinante en la trágica explosión que conmocionó a la comunidad educativa y a toda la ciudad.
El expediente continúa en plena etapa de instrucción. La Fiscalía 1 analiza ahora nuevas medidas de prueba, entre ellas la evaluación médica de las víctimas, los testimonios recolectados en la escuela y la responsabilidad institucional en la supervisión de los proyectos presentados ese día. Fuentes judiciales anticiparon que, una vez concluidas estas actuaciones, el fiscal Pertierra deberá definir si formula requerimiento de elevación a juicio o dispone medidas complementarias.
Entre tanto, las familias afectadas mantienen contacto permanente con la Fiscalía y continúan a la espera de la evolución de los lesionados, especialmente de la niña que permanece internada en Buenos Aires. La comunidad educativa, en tanto, sigue reclamando que se esclarezcan completamente las circunstancias que derivaron en la utilización de una sustancia prohibida dentro del ámbito escolar y que se determinen con precisión los niveles de responsabilidad en cada uno de los roles involucrados.