En 2018, tras la tragedia por la explosión en una escuela de Moreno, la indignación fue unánime. Hoy, tras el caso en Rancagua, el silencio predomina.
La explosión durante una exhibición abierta a la comunidad dejó graves lesionados en personas que asistieron a presenciar la demostración como público.
ARCHIVO LA OPINIONLa explosión en el Instituto Comercial Rancagua, durante una feria de ciencias, pudo haber terminado en tragedia. Fue un milagro que no hubiera víctimas fatales, pero hubo heridos, daños materiales y una comunidad educativa conmocionada. Sin embargo, a medida que pasan los días, lo que se advierte no es un pedido de justicia ni de esclarecimiento firme, sino un silencio que llama la atención.
En 2018, la explosión en la Escuela Nº 49 de Moreno -que se cobró la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez- generó una reacción social y mediática inmediata, profunda y sostenida. La provincia de Buenos Aires era entonces gobernada por María Eugenia Vidal, y la tragedia fue utilizada como bandera política por amplios sectores sindicales, partidarios y comunicacionales. La indignación, legítima en su raíz, se transformó también en un instrumento para señalar responsabilidades políticas y exigir renuncias.
Hoy, siete años después, el contexto es otro. En la Provincia gobierna el mismo espacio político que en su momento apuntó con dureza hacia aquel episodio en Moreno. Pero las voces que entonces clamaban por justicia hoy parecen ausentes. No hay marchas de los gremios ni paros, ni comunicados ruidosos, ni pedidos de renuncias. Apenas un expediente administrativo, un sumario que avanza a paso lento y una causa judicial por estrago culposo que alcanza a la directora -que sigue en funciones-, a la inspectora –que también continúa en funciones- y al docente de Química, actualmente con licencia solicitada tras el incidente.
La pregunta surge inevitable: ¿por qué no se adoptan medidas preventivas, como el apartamiento temporal de quienes están procesados? ¿Acaso la ausencia de víctimas fatales convierte lo ocurrido en un hecho menor? ¿Cuánto influye la ideología política en la manera en que se juzgan los actos de responsabilidad pública?
Resulta preocupante que el termómetro social mida la gravedad de los hechos según las consecuencias -si hubo muertos o no- y no según la negligencia o la cadena de errores que los precedieron. La educación pública merece ser cuidada con el mismo rigor, gobierne quien gobierne. La suerte, en estos casos, no puede ser un atenuante.
Tampoco puede naturalizarse que la vara del juicio público se acomode al color político del poder de turno. En Rancagua, como en Moreno, hubo una explosión dentro de una escuela. En ambos casos hubo fallas humanas y de control. Pero en uno se reclamó justicia con fuerza y en el otro se opta por la mesura, casi el disimulo.
La asimetría del reclamo desnuda una hipocresía colectiva. Porque si lo que se exige ante cada tragedia es verdad, justicia y responsabilidad, esas demandas no pueden depender de a quién le toque gobernar ni del partido al que pertenezcan los involucrados (en caso de que se identifiquen con algún sector político). En cualquier circunstancia, la ética pública no admite banderías.
Desde aquí no se está pidiendo que rueden cabezas, ni se trata de hacer de un hecho lamentable una cacería política. Pero sí corresponde exigir explicaciones, esclarecer responsabilidades y tomar medidas preventivas. Lo contrario es avalar la impunidad por omisión.
La sociedad debería preguntarse si su sensibilidad ante el dolor o el peligro cambia según la camiseta del poder. Porque cuando los reclamos de justicia se transforman en gestos selectivos, la democracia se empobrece.
Y mientras tanto, en Rancagua, una escuela intenta volver a la normalidad con las marcas de una explosión que pudo costar vidas. Los funcionarios, los gremios, los medios y la opinión pública deberían recordar que no hace falta una tragedia para reaccionar. Alcanzaría con la conciencia de que lo que está en juego -una vez más- es la seguridad y la confianza en nuestras instituciones educativas.