Con el número de expediente 5621-D-2025, ingresó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que apunta a llenar un vacío histórico: la ausencia de una normativa nacional específica sobre el uso y aplicación de fitosanitarios. La iniciativa, elaborada por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA) —una red que reúne a más de 80 instituciones públicas y privadas del país—, fue firmada por los diputados Atilio Benedetti y Maximiliano Ferraro, junto a otros 29 legisladores de distintos bloques, entre ellos UCR, CC-ARI, PRO, UXP, Encuentro Federal, Innovación Federal, Unidos, Coherencia, Democracia para Siempre y Liga del Interior-ELI.
Actualmente, la regulación del uso de fitosanitarios en la Argentina se encuentra dispersa entre normativas provinciales y ordenanzas locales, lo que genera incertidumbre jurídica, diferencias en los criterios de aplicación y tensiones sociales en torno al vínculo entre producción y ambiente.
Frente a ese escenario, el proyecto propone establecer presupuestos mínimos de protección ambiental que sirvan como marco uniforme para todo el territorio nacional, sustentados en la evidencia científica y en los estándares de gestión del riesgo reconocidos internacionalmente.
“El objetivo es construir un marco regulatorio que otorgue previsibilidad y confianza a la ciudadanía y a los actores productivos, compatibilizando la actividad agrícola con la salud pública y la preservación ambiental”, sostienen desde la RedBPA. “El objetivo es construir un marco regulatorio que otorgue previsibilidad y confianza a la ciudadanía y a los actores productivos, compatibilizando la actividad agrícola con la salud pública y la preservación ambiental”, sostienen desde la RedBPA.
Lejos de posturas conservadoras
Alejada de una postura prohibicionista, la propuesta reconoce la importancia de los fitosanitarios para la productividad, pero exige reglas claras, modernas y seguras. Apunta a proteger tanto a quienes trabajan en la aplicación de estos insumos como a las comunidades rurales y urbanas cercanas, promoviendo la sostenibilidad del sistema agroalimentario y garantizando que las prácticas actuales no comprometan el futuro de las próximas generaciones.
El proyecto define con precisión las responsabilidades de todos los actores involucrados: desde productores y asesores técnicos hasta comercializadores, aplicadores y organismos de fiscalización. También introduce el concepto de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento, con el fin de ordenar el uso de productos cerca de poblaciones, escuelas rurales, cursos de agua y áreas protegidas.
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Otro punto central es la exigencia de que toda aplicación se realice bajo receta profesional, emitida por un técnico matriculado, lo que refuerza la trazabilidad y la transparencia del proceso. En la misma línea, se prevé que los productos utilizados sean únicamente aquellos autorizados por el SENASA, y que los equipos aplicadores estén registrados y cuenten con verificación técnica periódica, para reducir la deriva y mejorar la eficiencia.
El proyecto del futuro
La capacitación también ocupa un lugar destacado: el texto contempla la creación de un sistema nacional de formación obligatoria y continua, adaptado a los avances tecnológicos y científicos, destinado a todos los actores de la cadena de aplicación. Asimismo, establece la implementación de programas de monitoreo ambiental, epidemiológico y de residuos en alimentos, con información pública y accesible para la sociedad.
Finalmente, el proyecto incorpora un régimen sancionatorio administrativo que asegure el cumplimiento de las normas y otorgue mayor seguridad jurídica al sistema.
Desde la RedBPA destacan que esta propuesta “constituye una herramienta moderna, integral y equilibrada”, orientada a ordenar y armonizar los estándares de regulación en materia de fitosanitarios en la Argentina. Su aprobación, remarcan, representaría un paso estratégico hacia un sistema agroalimentario más competitivo, innovador y ambientalmente sostenible, capaz de combinar productividad con responsabilidad ambiental y social.