Un proyecto de ley presentado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA) desató en las últimas horas una fuerte controversia en el ámbito agropecuario bonaerense. La iniciativa, que apunta a regular el uso de los suelos, fue interpretada por distintas entidades y dirigentes del sector como un avance sobre la propiedad privada, con riesgos de imponer más burocracia y controles estatales que, aseguran, no aportarían al cuidado real del recurso.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fue una de las primeras en expresar su rechazo: “Este proyecto avanza sobre la propiedad privada de los productores, imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”, cuestionó la entidad que preside Ignacio Kovarsky.
En su análisis, CARBAP enumeró diez puntos críticos que, a su entender, vuelven inaceptable la propuesta: desde la obligatoriedad generalizada para todos los productores y la definición estatal de qué tierras son aptas o no, hasta la creación de fondos, consorcios y sanciones que pueden derivar en la pérdida de beneficios o incluso en instancias judiciales.
"Puede volverse una herramienta de persecución"
Quien también encendió las alarmas fue el diputado provincial y productor Luciano Bugallo (Coalición Cívica), que advirtió: “El proyecto, si bien suena muy lindo, es muy malo y, peor aún, en las manos equivocadas puede volverse una herramienta de persecución, un esquema de control y terminar violando la propiedad privada, además de generar gasto público y mayor burocracia”.
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Según el legislador, la iniciativa “limita la propiedad privada al declarar la tierra de interés público, crea un monopolio corporativo para los ingenieros agrónomos, obliga a la asociación forzosa de productores en consorcios e instala un sistema de premios y castigos que convierte al productor en súbdito del poder político”.
Las críticas se replicaron en distintos frentes. El productor y agroinfluencer José Álvarez, conocido como Bumper Crop, lo definió sin rodeos: “Es un nuevo proyecto que atenta contra la propiedad privada y la libertad de comercio y producción, con la única finalidad de crear más burocracia y más cargos estatales para los profesionales que el mercado excluyó”, reaccionó.
Más voces opositoras
En la misma línea, el consultor agropecuario Teo Zorraquin planteó que “más allá de las buenas intenciones que pueda haber, pretender reemplazar en las decisiones al que más sabe de cuidado del suelo, de rotaciones balanceadas y de supervivencia económica —el productor— es raro, y pegaría directo en la competitividad”.
También el exsecretario de Agricultura y expresidente del Senasa, Ricardo Negri, se mostró crítico al señalar que “debajo de un buen propósito, esconde burocracia de la mala y da para pensar mal”.
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A su turno, el expresidente de Aapresid y matriculado del CIAFBA, José Luis Tedesco, fue todavía más categórico: “Es inaceptable que se recurra al poder del Estado para generar un evidente curro con la carga burocrática que implica, y lo que es peor, que atenta contra la propiedad privada y la libertad de empresa. Como matriculado, exijo formalmente que se retire este proyecto de la Legislatura dado que no me representa en absoluto”, detalló.
“El proyecto, si bien suena muy lindo, es muy malo y, peor aún, en las manos equivocadas puede volverse una herramienta de persecución, un esquema de control y terminar violando la propiedad privada, además de generar gasto público y mayor burocracia”, expresó preocupado el diputado y productor agropecuario Luciano Bugallo. “El proyecto, si bien suena muy lindo, es muy malo y, peor aún, en las manos equivocadas puede volverse una herramienta de persecución, un esquema de control y terminar violando la propiedad privada, además de generar gasto público y mayor burocracia”, expresó preocupado el diputado y productor agropecuario Luciano Bugallo.
De esta manera, el intento del Colegio de Ingenieros Agrónomos bonaerense de avanzar con una ley para regular el uso del suelo abrió un frente de conflicto con el campo, donde la mayoría de las voces consideran que se trata de una iniciativa intervencionista y que, lejos de aportar soluciones, podría poner en jaque la competitividad y la libertad de producción en la provincia.
