Los atrasos en el pago de prestaciones afectan a familias y profesionales de San Nicolás; la Ley de Emergencia en Discapacidad aún no se aplica plenamente.
En San Nicolás se replicaron varias marchas convocadas en el marco de protestas federales por reclamos vinculados a la discapacidad.
Archivo El NorteLos prestadores de servicios para personas con discapacidad enfrentan retrasos en los pagos que van de 60 a 120 días, en San Nicolás, generando incertidumbre entre familias y cuidadores. La falta de información sobre la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad agravan la situación.
Los profesionales del sector alertan que muchos dejaron de trabajar con algunas obras sociales y prepagas, entre ellas IOMA, afectando a la población más vulnerable. Patricia Sánchez, referente de TGD Padres TEA San Nicolás, destacó que encontrar terapeutas y acompañantes se ha vuelto cada vez más difícil, generando angustia y preocupación en las familias.
La Ley de Emergencia en Discapacidad establece compensaciones por atrasos de prestaciones y pensiones no contributivas, pero el Gobierno solo propone un cálculo del 10,5 % sin normativa clara ni cronograma de pagos. Los gastos mensuales de personas con discapacidad pueden alcanzar los 800.000 pesos, sumando terapias, acompañantes, traslados y medicaciones.
El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis) alertó que, a pesar de la orden judicial del Juzgado Federal de Campana, el Ejecutivo nacional adopta estrategias dilatorias para retrasar la aplicación de la ley. La demora en la implementación genera incertidumbre y complica la continuidad de las terapias necesarias para quienes más lo necesitan.