El fiscal Francisco Furnari pidió apartarse de la investigación del choque porque compartió trabajo con el defensor general Pablo Santamarina, involucrado en un siniestro vial.
El choque múltiple ocurrió en la madrugada del lunes 15 en ruta 8 entre 25 de Mayo y Alvear.
LA OPINIONLa investigación judicial por el choque múltiple ocurrido durante la madrugada del lunes 15 de junio sobre la ruta nacional 8, en el tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y Alvear, ingresó en una nueva etapa luego que el fiscal Francisco Furnari, solicitara formalmente apartarse de la causa.
La decisión fue presentada este jueves ante el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Julio Caturla, y se fundamenta en la relación profesional que el representante del Ministerio Público mantuvo durante años con el actual defensor general departamental Pablo Santamarina, quien resultó involucrado en el siniestro vial.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar incorporada al expediente, el episodio ocurrió cuando un automóvil Volkswagen Polo blanco conducido por Santamarina circulaba por la ruta 8 desde el Segundo Cruce hacia avenida Pellegrini.
En dirección contraria transitaban una camioneta Ford Ranger blanca guiada por un hombre de 43 años, y una Ford Ecosport roja conducida por un joven de 26.
Según los primeros elementos reunidos por los investigadores, el Volkswagen impactó contra la parte trasera izquierda de la camioneta. Tras esa primera colisión, el automóvil continuó fuera de control, realizó un giro y terminó chocando el lateral derecho del VW contra el frente de la Ford Ecosport que avanzaba detrás de la pick up.
Como consecuencia de los impactos, la Ford Ranger terminó volcada, mientras que la Ecosport quedó detenida sobre la calzada y el Volkswagen finalizó su trayectoria en la banquina opuesta a su sentido de circulación.
Santamarina fue trasladado preventivamente al Hospital San José, donde permaneció internado hasta recibir el alta médica al día siguiente. También fueron derivados al centro asistencial los dos jóvenes ocupantes de la Ford Ecosport.
Por su parte, los integrantes del grupo familiar que viajaban en la camioneta —una mujer de 39 años, otra de 48 y una niña de 9 años— recibieron asistencia médica en el lugar sin necesidad de ser trasladadas.
El operativo de emergencia movilizó ambulancias del SAME, rescatistas, efectivos de la Policía de Seguridad Vial y uniformados de la Comisaría Segunda. Posteriormente, especialistas de Policía Científica realizaron las pericias de rigor, relevando posiciones finales de los vehículos, huellas de frenado y demás indicios necesarios para la reconstrucción técnica del hecho.
La investigación avanzó durante los días posteriores con la incorporación de testimonios, historias clínicas y distintas medidas periciales ordenadas por la Fiscalía. También se efectuaron las extracciones sanguíneas a los tres conductores involucrados, conforme al protocolo vigente para siniestros viales con personas lesionadas.
Las muestras fueron remitidas a los laboratorios especializados de la Procuración General y tienen prevista su intervención técnica y posterior resultado el próximo viernes 26 de junio. Asimismo, para el 1 de julio se encuentra programada la pericia accidentológica destinada a reconstruir de manera integral la mecánica del episodio.
En paralelo, las personas que sufrieron lesiones se presentaron en el expediente con patrocinio letrado para impulsar la acción penal y participar activamente en la producción de pruebas.
Sin embargo, cuando la causa comenzaba a transitar la etapa de análisis técnico, el fiscal Furnari resolvió solicitar su apartamiento.
En el extenso escrito elevado al magistrado, el fiscal sostuvo que compartió durante años tareas institucionales con Santamarina cuando ambos se desempeñaban como fiscales del Departamento Judicial Pergamino. Incluso recordó haber intervenido junto a él en distintas actividades profesionales y destacó que actualmente ocupa la titularidad de la Fiscalía 8, que anteriormente estuvo bajo la conducción del actual defensor general.
Furnari argumentó que, si bien ya dispuso todas las medidas urgentes necesarias para preservar la prueba, existen circunstancias que podrían generar dudas sobre la objetividad de sus futuras decisiones dentro de la investigación.
El funcionario citó normas del Código Procesal Penal, doctrina especializada y jurisprudencia nacional e internacional para fundamentar que la actuación del Ministerio Público debe mantenerse libre de cualquier sospecha de parcialidad.
En ese sentido, sostuvo que tanto las víctimas como cualquier eventual involucrado en la causa deben tener plena confianza en la neutralidad de quien conduce la investigación penal.
Por ello concluyó que continuar al frente del expediente podría afectar esa percepción de imparcialidad y resolvió excusarse formalmente.
Ahora será el juez de Garantías quien deberá analizar los argumentos expuestos y resolver si acepta el apartamiento solicitado. En caso de aceptar la excusación, las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía General para la designación de otro fiscal que continúe con la instrucción.
La decisión adquiere relevancia institucional debido a que Santamarina ejerció durante años funciones como fiscal antes de asumir recientemente como titular del Ministerio Público de la Defensa. Esa circunstancia podría derivar en planteos similares de otros fiscales que pidan excusarse.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando con las pruebas ya incorporadas y a la espera de los resultados periciales requeridos durante las primeras actuaciones.