La Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la entidad empresaria condenó el ataque y pidió medidas disciplinarias y judiciales.
El instante previo donde el puntero peronista propina un cabezazo criminal y cobarde al Diputado Pelli
LAOPINIONLa Confederación Argentina de la Mediana Empresa expresó su “más enérgico repudio” a la agresión física sufrida por el diputado nacional Federico Agustín Pelli. El pronunciamiento fue emitido por la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la entidad, que también reclamó el esclarecimiento del episodio y sanciones para el responsable.
A través de un comunicado firmado por su director, Fabián Hryniewicz, la comisión manifestó su rechazo al ataque ocurrido recientemente contra el legislador, quien además se desempeña como coordinador de ese espacio dentro de la entidad empresaria, actualmente en uso de licencia.
El texto señala que el hecho representa un acto de violencia que excede la agresión individual y alcanza al funcionamiento institucional.
“Manifestamos nuestro más enérgico repudio ante el violento ataque físico sufrido por el coordinador de esta Comisión en uso de licencia, Federico Agustín Pelli”, señala el documento.
Según el comunicado, la agresión habría sido perpetrada por un empleado de la administración pública, situación que motivó un pedido explícito para que se adopten sanciones.
La comisión sostuvo que los hechos de violencia “representan un ataque no solo a la integridad física del legislador, sino a las instituciones democráticas y al ejercicio del diálogo que debe regir en nuestra sociedad”.
Además, el documento enfatiza que el disenso político no puede derivar en agresiones físicas y que ese tipo de conductas marca un límite incompatible con la convivencia democrática.
En el tramo final del comunicado, la entidad instó a las autoridades y a la administración pública de la provincia de Tucumán a avanzar con medidas disciplinarias y legales contra el responsable.
También llamó a los distintos sectores políticos y sociales a reducir los niveles de confrontación y garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen cargos representativos.
El pronunciamiento concluye con un pedido de justicia y el esclarecimiento total del episodio para evitar que el hecho quede impune.