El secretario de Seguridad de San Pedro, Eduardo Álvarez, fue autorizado por la Justicia a volver a desempeñar sus funciones en el mismo lugar de trabajo, donde se encuentra la empleada que lo denunció por violencia de género y maltrato laboral. La medida modifica la exclusión original, que imponía una distancia mínima y generaba complicaciones operativas para el Municipio.
Justicia flexibiliza la exclusión perimetral
El juez de Paz, José Ignacio Macchia, accedió al pedido presentado por el área de Legal y Técnica del Gobierno local, que argumentó que la restricción de 30 metros entre las partes generaba dificultades. La resolución contemplaba organizar horarios laborales distintos, complicando el normal funcionamiento del área.
Argumentos del Municipio de San Pedro sobre el funcionamiento interno
Según la presentación oficial, la medida original implicaba una fragmentación en la cadena de mando y una sobrecarga en el personal, afectando la prestación de los servicios que el Municipio debe garantizar. Esta situación derivaba en problemas cotidianos para dar respuesta en materia de seguridad.
Medidas de prevención y monitoreo interno
El Gobierno se comprometió a que Álvarez y la empleada denunciada trabajen en sectores separados, con espacios comunes diferenciados y rutas de circulación controladas. Además, la Subsecretaría de Género realizará un monitoreo permanente a cargo de personal especializado, responsable de documentar el cumplimiento de las medidas impuestas.