Tras los persistentes reclamos, el Ministerio Público del Departamento Judicial Pergamino formalizó un nuevo esquema de intervención.
Días pasados, en el marco de un paro y movilización docente, referentes gremiales mantuvieron un encuentro con autoridades de la Fiscalía.
LA OPINION
El Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Pergamino formalizó un esquema de intervención específica que responde a los reclamos históricos de gremios, docentes y auxiliares. La medida busca garantizar un entorno de trabajo seguro para los educadores y proteger integralmente a los menores mediante fiscalías especializadas, un "mapa de situación" local y un fuerte enfoque en la justicia restaurativa.
La génesis de esta resolución, identificada como RFG Nº 05/26, se encuentra en la creciente preocupación por la seguridad en las aulas. Según consta en el documento oficial, la Fiscalía de Cámara del Departamento Judicial Pergamino mantuvo reuniones clave con gremios y representantes de la comunidad educativa. Estos encuentros fueron motivados por una serie de hechos de violencia en establecimientos escolares de diversos niveles, que incluyeron tanto agresiones entre pares (estudiantes) como casos alarmantes donde familiares de alumnos agredieron físicamente al personal docente y auxiliar.
Ante este escenario, la Justicia determinó que era imperativo brindar una respuesta estatal que preserve el derecho a un ambiente de trabajo seguro y adecuado para la enseñanza.
El protocolo subraya que el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes (NNAyJ) se encuentra en formación, por lo que las medidas deben equilibrar la seguridad institucional con la protección integral de sus derechos, evitando la estigmatización pero garantizando la justicia
El nuevo protocolo no es una medida aislada, sino que se asienta sobre un robusto andamiaje legal. Se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral, que establece el deber de todo funcionario público de comunicar cualquier vulneración de derechos de menores.
Un punto destacado es la inclusión de la Ley Nº 27709, conocida como “Ley Lucio”, la cual obliga a los agentes públicos de todos los poderes a formarse en la prevención y detección de violencias. Asimismo, se alinea con la Ley Provincial 14.750 de convivencia escolar, que regula el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires.
El protocolo reconoce que la violencia escolar es un fenómeno complejo influenciado por factores como la vulnerabilidad socioeconómica, la salud mental y el consumo problemático de estupefacientes, lo que exige un enfoque interdisciplinario.
Para dar claridad a los directivos y docentes, el protocolo establece dos vías de actuación diferenciadas:
*Acción Inmediata (Urgencias): Ante hechos de violencia en curso o inminencia de peligro dentro de cualquier establecimiento educativo, las autoridades deben utilizar las vías de comunicación “OJOS EN ALERTA” y “911”. Según la gravedad evaluada por el directivo, se podrá solicitar la intervención de la Patrulla Urbana Municipal o de la Policía de Seguridad de forma inmediata.
*Denuncia de Hechos no Inminentes: En casos donde se tome conocimiento de presuntos delitos que no están ocurriendo en el momento —como violencia intrafamiliar o presunción de abuso sexual—, las autoridades pueden labrar un acta interna o realizar la denuncia formal.
Un aspecto innovador del protocolo es la protección al denunciante: si un directivo o docente manifiesta fundado temor por su integridad física o la de su familia al denunciar, puede comunicar el hecho al inspector, quien canalizará la denuncia a través de la Dirección de Legal y Técnica Educativa para que esta la derive al Ministerio Público Fiscal.
Con el fin de optimizar la respuesta y evitar la dispersión de criterios, se ha dispuesto la tematización de las unidades fiscales para casos donde los imputados sean mayores de edad. En el ámbito del Partido de Pergamino, todas las investigaciones por violencia en instituciones educativas tramitarán ante la UFIJ Nº 8, a cargo del doctor Francisco Furnari. Por su parte, en el Partido de Colón, los casos quedarán bajo la órbita de la UFIJ Descentralizada Nº 1, liderada por la doctora Magdalena Brandt.
Esta centralización busca que un único agente fiscal lidere las investigaciones, permitiendo una visión integral del conflicto escolar.
Para los casos que ocurran fuera del horario administrativo o durante feriados, intervendrá el fiscal de turno para las diligencias urgentes, derivando luego la causa a la fiscalía temática correspondiente.
Cuando el presunto infractor es un menor de edad, el protocolo cambia el enfoque punitivo por uno de justicia restaurativa. El objetivo principal es reparar el daño causado y fomentar la asunción de responsabilidad por parte del joven, involucrando a la víctima y a la comunidad en un proceso de diálogo. Bajo este modelo, la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil podrá derivar casos al Programa de Justicia Restaurativa Municipal, priorizando la reintegración social sobre el castigo convencional, en sintonía con los principios de reeducación del fuero especializado.
Finalmente, el protocolo apuesta a la prevención basada en datos. Se busca construir un "mapa de situación" local en Pergamino y Colón mediante la sistematización de datos fidedignos, lo que permitirá articular políticas públicas más eficientes y ajustadas a la realidad de cada zona.
Para que este sistema funcione, se conformará una mesa de trabajo periódica que integrará a directivos, Equipos de Orientación Escolar (EOE) y personal judicial.
El fin es unificar los criterios de detección y circuitos de comunicación, evitando tanto la "judicialización innecesaria" de simples problemas de convivencia como la omisión de denuncias ante delitos graves.
Se han designado enlaces interinstitucionales específicos, como los doctores Furnari, Cifuentes Villanueva, Ramundo y De Mayo en Pergamino, y Betbedé y Briñon en Colón, para asegurar que el flujo de información entre la escuela y la justicia sea constante y efectiva.