La concejal de Pergamino, Gabriela Taruselli, impulsó un proyecto para que los recursos del impuesto a los combustibles se destinen a obras urgentes.
En la última sesión del Concejo Deliberante, uno de los proyectos que logró respaldo unánime fue el que presentó la concejal Gabriela Taruselli, vinculado al estado actual de las rutas nacionales que atraviesan Pergamino y la región.
La iniciativa, que ya cuenta con despacho favorable de la Comisión de Obras Públicas, apunta a exigir que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se destinen de manera más directa y urgente a la reparación de los corredores viales.
La presidenta del cuerpo deliberativo local contextualizó este tema recordando que las obras forman parte del sistema de concesiones viales que el Gobierno nacional encara en distintas etapas. “La última información oficial que tenemos es que el próximo 8 de octubre se abrirán los sobres para la licitación de la primera etapa, conocida como conexión y oriental, dentro de lo que se denomina la ruta del Mercosur. Ese tramo abarca unos 741 kilómetros. Sin embargo, la segunda etapa es mucho más ambiciosa: contempla cerca de 7.500 kilómetros, e incluye aquellos corredores claves como la ruta Nº 8 y la Nº 188, en sus tramos pampeano y portuario sur”, explicó.
La concejal planteó que, mientras se aguarda la concreción de esas licitaciones, la situación de las rutas sigue empeorando. “El deterioro es cada vez mayor. Y lo que vemos son dos postales muy elocuentes: por un lado, un cartel heredado de la gestión anterior que todavía anuncia obras de reacondicionamiento de la ruta Nº 8 para 2023, por un monto de 351 millones de pesos; por otro lado, una modalidad más reciente: en el sector de Alfonzo, hay un cartel que directamente advierte ‘zona de baches’. Eso es lo que tenemos hoy como respuesta del Estado nacional”, criticó.
En ese sentido, Taruselli impulsó la declaración de la emergencia vial para poder de esta manera reclamar con mayor fuerza soluciones concretas. “Todavía no están los pliegos definitivos para la segunda etapa de obras. La propuesta es ambiciosa, porque en el primer año deberían garantizar la transitabilidad de los corredores incluidos en la concesión. Pero la realidad es que la urgencia está en el mientras tanto. Los vecinos transitan todos los días por rutas que son un peligro y no pueden esperar a que se resuelva una licitación que llevará años en ejecutarse”, remarcó.
La edil de Pergamino también puso el foco en aquellas obras puntuales que no aparecen en la planificación oficial. “Nos preocupa qué pasará con la ‘Curva de Gerde’, la ‘Curva del Cacique’, el Segundo Cruce, la ruta provincial Nº 32 y la propia Nº 188. En principio no están incluidas dentro de las obras previstas en el esquema de concesiones, y el Gobierno nacional ya adelantó que no las subsidiará. Entonces, ¿qué destino van a tener? Son puntos críticos en los que se acumulan accidentes y que requieren de una intervención urgente”, advirtió.
Ante este panorama, la concejal presentó una alternativa concreta: la utilización de los fondos que el Estado recauda diariamente a través de los impuestos a los combustibles.
“Cada vez que cargamos un litro de nafta o gasoil, estamos pagando dos gravámenes: el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono. Esos montos ingresan a un fondo de infraestructura vial que se cobra desde hace años. Lo que pedimos es que, sin aumentar ni un solo peso del presupuesto nacional, se destine parte de esos recursos a los municipios que integran un mismo corredor vial, para que puedan ejecutar directamente las obras prioritarias”, señaló.
Esta propuesta prevé que los municipios, de manera conjunta, definan cuáles son los tramos más urgentes a reparar. “Un ejemplo claro es la ruta Nº 188, que atraviesa ciudades como San Nicolás, Pergamino, Rojas y Junín. Si los municipios que la compartimos pudiéramos acceder a los fondos que todos aportamos con cada litro de combustible, podríamos planificar las obras, ejecutarlas y después rendir cuentas del dinero invertido. Existe una ley que nos habilita a hacerlo: no necesitamos crear nuevos tributos, sino usar de manera más eficiente los recursos que ya están disponibles”, sostuvo Taruselli.
La edil celebró este importante acompañamiento unánime de todos los bloques del Concejo Deliberante a esta iniciativa. “Valoro muchísimo que haya sido respaldada por todas las fuerzas políticas. Creo que hay temas en los que no puede haber diferencias partidarias, y este es uno de ellos. Lo hemos demostrado a lo largo de los años: cuando se trata de defender la seguridad vial y el desarrollo de Pergamino, trabajamos en conjunto”, afirmó.
Finalmente, Taruselli hizo un llamado a la responsabilidad del Estado nacional para dar respuestas inmediatas. “No podemos seguir naturalizando que los carteles de obra se conviertan en un decorado inútil en medio de rutas llenas de baches. No podemos resignarnos a que el anuncio de una licitación nos obligue a esperar cinco o diez años mientras los vecinos arriesgan su vida todos los días. Los fondos están, los aportamos todos en cada carga de combustible. Lo que falta es decisión política para que vuelvan a donde tienen que estar: en el asfalto, en la señalización, en la seguridad de nuestros corredores viales”, concluyó.
Con este planteo, el Concejo Deliberante envió una señal clara: la preocupación por el deterioro de las rutas nacionales es compartida por todo el arco político local. Ahora, el desafío pasa a manos del gobierno nacional y de los organismos responsables de la infraestructura vial, que deberán definir si priorizan la inyección de recursos para atender una demanda que ya no admite más postergaciones.