Se trata de una persona de nuestra ciudad que requiere un abordaje integral porque reitera los ataques contra oficinas al reclamar una asistencia económica.
En avenida Juan B. Justo los integrantes de la Patrulla Urbana interceptaron la huida del sujeto tras romper el vidrio del frente de la Defensoría.
LA OPINION
En avenida Juan B. Justo los integrantes de la Patrulla Urbana interceptaron la huida del sujeto tras romper el vidrio del frente de la Defensoría.
LA OPINIONUn sujeto de 43 años de nuestra ciudad, con sus facultades psíquicas limitadas, volvió a protagonizar un ataque violento hacia oficinas públicas en el centro de Pergamino al arrojar una piedra contra la vidriera de la Defensoría Oficial, ubicada en Dorrego al 500.
El hecho ocurrió en la mañana de este martes y reavivó los reclamos por la falta de medidas de contención hacia una persona que, según funcionarios judiciales y policiales, evidencia conductas que ponen en riesgo a terceros y a sí mismo.
De acuerdo a la denuncia efectuada por personal de la dependencia, el hombre se presentó en la sede del Ministerio Público de la Defensa con la intención de reclamar el cobro de una pensión. Ante la explicación de que ese tipo de gestiones no se realizan en dicha oficina, reaccionó con gritos y violencia, arrojando una piedra contra el frente vidriado y provocando la rotura de un ventanal.
No es la primera vez que el mismo individuo genera incidentes en la Defensoría. Semanas atrás, en esa misma sede de Dorrego 546, había agredido a una empleada de mesa de entradas y también había causado destrozos en las instalaciones. En aquella oportunidad, se dispuso una prohibición de acercamiento que no cumplió.
Fuentes de la Defensoría remarcaron que el hombre no tiene ningún trámite en curso en esa dependencia, lo que refuerza la preocupación sobre el carácter errático de sus irrupciones. Testigos que lo vieron en la vía pública sostuvieron que “anda a la deriva” y que suele mostrarse exaltado cuando no recibe respuestas a sus pedidos.
Tras el ataque de este martes, se implementó un operativo cerrojo en conjunto entre la Policía y la Patrulla Urbana municipal. El hombre fue interceptado por el móvil 26 de la Patrulla Urbana en inmediaciones de avenida Juan B. Justo y trasladado a la Comisaría Primera. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 bajo la carátula de “Daño”.
El reporte oficial de la Jefatura Departamental, a cargo del comisario mayor Mario Demaestri, detalló que la detención se produjo minutos después del hecho y que varios testigos confirmaron la autoría del ataque.
Más allá de la intervención penal, desde distintos sectores del ámbito judicial se plantea la necesidad de que la Asesoría de Incapaces tome cartas en el asunto. La reiteración de episodios de vandalismo y agresiones verbales y físicas en lugares públicos lleva a considerar que el hombre requiere algún tipo de medida de contención o abrigo, ya que no cuenta con familiares que lo asistan.
La propia Curaduría Oficial ya le había fijado una prohibición de acercamiento en el pasado por un hecho similar, lo que refuerza la idea de que las herramientas actuales no alcanzan para encauzar su situación.
“Se trata de una persona que podría representar un peligro para terceros y para sí mismo. No alcanza con detenerlo unas horas y liberarlo, porque el problema de fondo sigue sin resolverse”, sostuvo una fuente consultada que reclamó la intervención de la Asesoría de Incapaces.
La Defensoría Penal, que ya fue escenario de dos ataques en pocos meses, evalúa solicitar nuevamente una restricción de acercamiento. Sin embargo, reconocen que el incumplimiento de esas medidas genera una situación de vulnerabilidad tanto para el personal administrativo como para las personas que concurren en busca de asesoramiento.
La falta de un abordaje integral sobre la situación del hombre de 43 años mantiene la preocupación latente, no sólo por los daños materiales ocasionados, sino también por el riesgo de que un nuevo episodio de violencia escale hacia consecuencias más graves.
La pregunta sobre la demora en la intervención de la Asesoría de Incapaces ante las reiteraciones de ataques vandálicos a oficinas públicas y agresiones verbales y físicas a personal administrativo de dependencias judiciales lleva a reflexionar sobre la eficiencia de magistrados o funcionarios de determinadas dependencias que pareciera que sólo se ocuparían de perseguir a la prensa y la libertad de expresión en lugar de estar abocados a las necesidades de convivencia comunitaria.