La legisladora pergaminense impulsa que la Provincia adhiera al decreto del Gobierno nacional que amplía los plazos de revisión y abre el servicio a talleres y concesionarias.
La legisladora de la ciudad de Pergamino María Paula Bustos
LAOPINIONLa diputada provincial María Paula Bustos, representante de Pergamino, presentó ante la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley para adecuar el régimen de Verificación Técnica Vehicular de la Provincia a los cambios dispuestos por el Gobierno nacional mediante el Decreto 139/2025, con el objetivo de simplificar trámites y reducir costos para los ciudadanos.
El decreto nacional había establecido modificaciones de fondo que el sistema bonaerense todavía no había incorporado. Con la propuesta de Bustos, los vehículos particulares cero kilómetro tendrán hasta cinco años para realizar su primera revisión técnica obligatoria —frente a los tres años que regían hasta ahora—, y los autos con hasta diez años de antigüedad pasarán a verificar cada dos años en lugar de hacerlo anualmente. Para los vehículos más antiguos, la revisión seguirá siendo anual.
La diputada argumenta que mantener un esquema provincial diferente al nacional genera una superposición normativa que perjudica al ciudadano común, que se ve obligado a cumplir con requisitos más estrictos que los fijados por la autoridad nacional de tránsito. La adhesión al decreto, según el proyecto, permitiría unificar criterios y dar previsibilidad a propietarios de vehículos, talleres y organismos de control.
En los fundamentos del texto, Bustos señala que desde que la VTV fue implementada en 1995, el parque automotor bonaerense se transformó profundamente. Los vehículos que circulan hoy incorporan tecnología de seguridad activa y pasiva —frenos ABS, airbags, sistemas electrónicos de estabilidad— que reduce de manera significativa el desgaste y los riesgos asociados al uso cotidiano. Ese cambio tecnológico, sostiene la legisladora, no fue acompañado por una actualización del marco regulatorio, que en muchos aspectos sigue respondiendo a la realidad de hace treinta años.
El costo del trámite es otro de los argumentos centrales del proyecto. Un vehículo particular de hasta 2.500 kilogramos paga actualmente más de noventa y siete mil pesos anuales para cumplir con la verificación, una suma que se suma a patentes, seguros y combustible en un contexto de presión creciente sobre el presupuesto de las familias.
Uno de los cambios más significativos que propone el proyecto es la apertura del servicio a nuevos actores. La revisión técnica obligatoria podrá realizarse en cualquier taller mecánico habilitado, concesionaria o importador de vehículos que cuente con el equipamiento mínimo requerido y esté bajo la dirección técnica de un ingeniero matriculado con incumbencias específicas en la materia. Estos establecimientos pasarán a denominarse Talleres de Revisión Técnica (TRT) y funcionarán bajo el registro y supervisión de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía provincial.
El esquema actual concentra el servicio en centros habilitados de forma exclusiva, lo que en la práctica genera cuellos de botella, esperas prolongadas y ausencia de competencia en el precio. La norma propuesta prohíbe expresamente que la autoridad jurisdiccional fije tarifas mínimas o máximas obligatorias para los talleres, apostando a que la competencia entre prestadores redunde en mejores condiciones para el usuario.
El proyecto también establece que ninguna jurisdicción podrá limitar el número de talleres revisores habilitados en su territorio, lo que abre la puerta a una oferta más amplia y distribuida geográficamente, especialmente en municipios del interior donde hoy el acceso a los centros VTV implica trasladarse varios kilómetros o esperar turnos con semanas de antelación.
El proyecto introduce un sistema de calificación en tres niveles que reemplaza el actual esquema binario de aprobado o rechazado. Cada vehículo podrá quedar clasificado como Apto, cuando no presenta deficiencias que afecten la seguridad vial; Condicional, cuando se detectan fallas que requieren corrección pero no impiden la circulación de forma inmediata; o Rechazado, cuando las deficiencias son de tal gravedad que inhabilitan al vehículo para circular por la vía pública hasta tanto se resuelvan.
Los vehículos particulares calificados como condicionales tendrán hasta sesenta días para subsanar las observaciones y presentarse a una reinspección. Los de uso no particular —transporte de pasajeros o carga— contarán con solo treinta días y no podrán prestar servicios durante ese período. Si vencido el plazo el vehículo no concurre a la segunda inspección, el taller deberá comunicarlo a la autoridad jurisdiccional correspondiente.
Cada Taller de Revisión Técnica deberá contar con un sistema de registro digital en el que se asentarán todas las revisiones realizadas, sus resultados y las causales de rechazo. Al finalizar la revisión, el taller emitirá un Certificado de Revisión Técnica (CRT) con una identificación física para adherir al parabrisas y una versión digital de igual validez legal, facilitando los controles en la vía pública. El proyecto también prevé la posibilidad de realizar revisiones rápidas y aleatorias directamente en la calle para el conjunto de las categorías vehiculares, sin costo para el conductor.
Para los vehículos propulsados a gas natural comprimido o licuado, el acceso a la revisión técnica seguirá condicionado a la acreditación del cumplimiento de la normativa del ENARGAS vigente desde 1995, garantizando estándares específicos para esa tecnología.
La iniciativa fue ingresada bajo el expediente D-746/26-27 y deberá recorrer el camino legislativo habitual antes de convertirse en ley. Si obtiene aprobación en ambas cámaras, el Poder Ejecutivo provincial contará con 120 días corridos desde su promulgación para reglamentarla, momento en que entrará en vigencia de manera efectiva.