El Gobierno ratificó los aumentos de las tarifas de gas en la audiencia pública

Buenos Aires, (NA) - El Gobierno ratificó ayer los aumentos en tarifas de gas para usuarios residenciales, de entre 122% y 236% promedio, y de hasta 500% para comercios y Pymes, en la primera jornada de la audiencia pública, en la que recibió críticas de la oposición y defensores de consumidores.

Representantes de provincias y petroleras defendieron los incrementos que, señalaron, son “necesarios” para financiar una mayor producción que garantice el abastecimiento.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, arrancó planteando que habrá “aumentos graduales semestrales en los próximos tres años”, con media hora de demora por un insólito corte de electricidad.

Y confirmó que “en octubre de 2019” se habrán eliminado los subsidios al gas, mientras puntualizó que subsidios representan 5.700 millones de dólares anuales.

En la primera jornada de la audiencia los representantes de las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras defendiendo las rentabilidad del sistema, mientras los defensores del pueblo y dirigentes de las asociaciones de consumidores objetaron el cuadro tarifario.

Precios más caros

En las exposiciones el aumento del gas fue calificado de “inconstitucional”, se lo consideró “imposible de pagar” y “extemporáneo, por no conocerse la base del cálculo para establecer los aumentos”, como el precio de boca de pozo y de transporte, por la mayoría de las organizaciones de defensa del consumidor.

“Los números tienen que cerrar para las empresas, pero con la gente adentro” fue una de las frases más escuchadas por los defensores del pueblo.

Reclamaron también que la tarifa social “sea única y automática en todo el país” para los sectores sociales con necesidades básicas insatisfechas.

Reclamaron estudios socioeconómicos por región para conocer el poder de pago de los consumidores, contemplar una tarifa diferenciada para la Patagonia y que la venta de garrafas sea declarada como “servicio público” al denunciar que se pagan precios más de diez veces más caros la tarifa oficial dispuesta por el Gobierno.

Los reclamos se centraron también en que como el 40 por ciento de la población no tiene red de gas, se contemplen las tarifas diferenciales por la mayor utilización de energía eléctrica y reclamaron inversiones a las empresas para extender los acueductos y redes domiciliarias.

Hoy será el turno de los legisladores nacionales, sindicatos, municipios y autoridades provinciales, expertos, cámaras empresarias y del rubro “Usuarios y público en general” que reúnen casi 200 expositores con 10 minutos de tiempo cada uno.

No se descarta que el debate continúe hasta mañana tras la agotadora jornada de que se inició con la advertencia del moderador Javier Corcuera, de que quien se excediera en el tiempo previsto para la exposición iba a sufrir el tan temido corte de sonido, que no se cumplió porque la mayoría de los oradores respetaron el tiempo de exposición.

Militantes de partidos políticos de izquierda, miembros de organizaciones sociales y sindicatos se movilizaron a la Usina del Arte donde se realizó la audiencia, provocando cortes de tránsito que se fueron disipando con el correr de las horas por la desmovilización de las agrupaciones.

El precio en boca de pozo

Asociaciones de consumidores reclamaron ayer que el Gobierno “defienda los derechos de los usuarios”, denunciaron exclusiones en la lista de oradores y calificaron de “inconstitucional” el cuadro tarifario del gas propuesto por el Ministerio de Energía.

El presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, reclamó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que “se siente a la mesa de las negociaciones, pero para defender los derechos de los usuarios” y aseguró que “la propuesta del Gobierno favorece sólo a las empresas”, en el primer día de la audiencia pública por el precio del gas en la Usina del Arte.

Polino argumentó que el Gobierno “tiene que explicar por qué fijo el precio del gas en boca de pozo al doble o triple que en el mercado internacional” al recordar que ese precio es de 3,5 dólares y no de 6,80 como lo fijo el Gobierno.

Cuestionó que el Gobierno dispusiera un cuadro tarifario con aumentos escalonados para los próximos tres años, al señalar que “si la producción va a aumentar y se va a importar menos gas, la tarifa tendría que bajar y no aumentar”.

“Tenemos un precio hacia el futuro que no se basa en ningún valor serio” y advirtió que el ministro está “violando nuevamente el fallo de la Corte” y prometió recurrir nuevamente a la Justicia.

El representante de Abogados por la Justicia Social, Manuel de Sojo, calificó el aumento de “ilegal e impagable” y señaló que “un 80 por ciento de las tarifas que vamos a pagar no tienen datos en los que se puedan basar y solo se trata de una decisión política del Ministerio”.

Cuestionó a Aranguren porque “está vinculado a una empresa petrolera y fija un precio unilateralmente sin importarle si los usuarios lo pueden pagar”.

Por su parte, Pedro Busetti, de Defensores de Usuarios y Consumidores, denunció que “hubo numerosas exclusiones en este debate” y advirtió que eso “puede ser motivo para una impugnación legal” de la audiencia.

Busetti señaló que de “200 representantes de Córdoba que se anotaron solo se permitieron 25 y de 50 que se anotaron en Rosario, solo se permitieron 5”.

Incidentes entre manifestantes y la Policía

Incidentes entre manifestantes y la Policía en los alrededores del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén obligó a las autoridades a suspender la audiencia pública que se estaba realizando para debatir el aumento en las tarifas de gas.

Así lo informó poco después del mediodía el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, a cargo de Juan José Aranguren, sin brindar mayores precisiones.

“Una vez normalizada la situación se retomará el desarrollo de la audiencia pública”, garantizó la cartera que conduce Aranguren.

Neuquén era uno de los ocho lugares en los que se establecieron puntos de participación para la audiencia, que podría extenderse hasta mañana.

 Los incidentes se iniciaron poco antes de las 11:00 cuando manifestantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ingresaron al patio del edificio, que estaba vallado y custodiado por personal de Policía Federal y Gendarmería.

Minutos después efectivos de Gendarmería desalojaron la sala y la audiencia se suspendió, en medio de corridas que incluyeron piedras.

En el enfrentamiento, un camarógrafo de un medio local recibió un piedrazo y sufrió un corte en la cabeza por lo que tuvo que ser asistido por personal médico y trasladado al hospital Castro Rendón.

El secretario de la CTA neuquina, Carlos Quintriqueo, consideró que una suba en las tarifas “termina repercutiendo en mayor inflación y un saqueo al bolsillo de los trabajadores”.