La Justicia santafesina tuvo en cuenta el impacto que representó la tragedia en la sociedad para tomar esta determinación que apunta esencialmente a otorgarle un mayor grado de transparencia a esta acción judicial. El proceso sería a mitad del año próximo.
DE LA REDACCION. El Tribunal encargado de fijar la modalidad y fecha del juicio por la trágica explosión del edificio de Salta 2141 en Rosario, determinó que el proceso sea oral y público, por la dimensión y el impacto que tuvo la tragedia en la que perdieron la vida 22 personas, entre ellas el joven pergaminense Santiago Laguía y decenas de heridas, entre las que se encontraban dos hermanas de nuestra ciudad.
La causa había sido elevada a juicio a fines de agosto y faltaba fijar la modalidad y la fecha. De esta manera, el Tribunal provincial falló de acuerdo al pedido de los familiares de las víctimas, pero aún resta la confirmación de la fecha.
Los jueces Ismael Manfrín, María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga tuvieron en cuenta el impacto social que representó la tragedia en la sociedad para tomar esta determinación que apunta esencialmente a otorgarle un mayor grado de transparencia a esta acción judicial.
Vale recordar que esta causa fue tramitada bajo un Código Procesal Penal de transición, que regula el paso entre la vieja regulación, en el que todos los delitos eran de juzgamiento escrito, y la nueva ley que empezó a regir en febrero de 2014.
Ese Código de transición solo permitía la realización de juicios orales con relación a cinco delitos, que eran los más graves. En ese catálogo de delitos no figuraba el estrago culposo agravado, que es la carátula que lleva esta causa. Por ello los defensores de uno de los acusados en la explosión se apoyaron en una ley que sostiene que algunos delitos merecen ser celebrados mediante juicio oral y público, y desde ahí la enorme trascendencia que tomó esta decisión judicial.
Transparencia
De acuerdo al reciente fallo del jueves por la tarde, los jueces se apoyaron en los principios republicanos, la publicidad de los actos de gobierno, y en la importancia del tema. De alguna manera, entendieron que la sociedad rosarina tiene derecho a poder observar el desarrollo del juicio. Además, el Tribunal también dio lugar a un leading case del caso Vitar, presentado en la Corte por los letrados del ayudante del gasista, José Nanni y Paul Krupnik, en el que la causa fue elevada a juicio oral. Es la forma más correcta y transparente de dilucidar lo que pasó aquel día, sobre todo porque representa una garantía para la sociedad y los familiares de las víctimas, señalaron al diario La Capital Nanni y Krupnik, defensores de Pablo Miño, ayudante del gasista. Nosotros impulsamos y adherimos que esto sea de manera oral, y creo que deberían venir los responsables de Litoral Gas al juicio oral y acatar esta resolución.
Entiendo que no puede haber recurso alguno, porque no hay perjuicio en que vengan a dar explicaciones a toda la sociedad en un juicio oral y público, agregó Krupnik. Todavía resta que la decisión del Tribunal quede firme, mientras que el comienzo del juicio podría desarrollarse alrededor de la mitad del año que viene. La solicitud de juicio oral y público había corrido por cuenta de la fiscal del caso, Graciela Argüelles, y las familias de las víctimas de la tragedia. Esto generó una agitada discusión por parte de los abogados del gasista García y los empleados de Litoral Gas.
Acusaciones
La jueza de instrucción Irma Patricia Bilotta elaboró una teoría del caso que se basó en la trágica cadena de negligencias, hipótesis con la que coincidió la querella que representa a familiares de víctimas y damnificados.
Así, acredita que fue el gasista Carlos Osvaldo García quien segundos antes de la explosión realizó el cambio del regulador de gas el 6 de agosto de 2013, entre las 9:00 y las 9:38, acompañado por su ayudante Pablo Miño.
En lo que durante todo el proceso se describió como una cadena de negligencias, Argüelles también le atribuyó un rol sustancial a la empresa Litoral Gas, en cabeza de tres inspectores y dos gerentes que tuvieron directa incidencia con tareas previas de supervisión de la instalación del condominio.
Se trata de los empleados Gerardo Bolaño, Guillermo Sebastián Oller y Luis Alberto Curaba, que participaron en el control del gabinete y su posterior reconexión entre el 25 y 26 de julio de 2013, y en una última inspección el 2 de agosto de 2013.
En esos días omitieron realizar informes pormenorizados de las irregularidades de las instalaciones (constatadas en las pericias), sin dar un adecuado tratamiento a los reclamos e informar en qué accesorios del gabinete de gas se localizó la pérdida que motivó la interrupción del suministro.
En tanto, a sus superiores, Claudio Dante Tonucci (jefe del mantenimiento de redes de Litoral Gas) y Viviana Beatriz Leegstra (gerente técnica de la distribuidora), se los acusa de no haber exigido un reporte a los reclamistas bajo su esfera.
Tampoco es menor el rol que se les asigna a los administradores del edificio: Mariela Calvillo, Norma Bernarda Bauer y Carlos Oscar Repuppilli. Directamente se les achaca haber contratado a García, pero apartándose de los protocolos y reglamentos. (Fuentes: Diario Uno y Rosario3)