El dictamen, impulsado por el Suteba, establece medidas de resguardo y reparación pública para los trabajadores de la educación que son víctimas de situaciones de violencia en las escuelas u objeto de denuncias penales.
DE LA REDACCION. El Consejo General de Educación bonaerense aprobó el martes un proyecto que protege a los docentes frente a casos de agresión física y exige acelerar los procesos de investigación ante denuncias en su contra.
El dictamen, impulsado por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), establece medidas de resguardo y reparación pública para los trabajadores de la educación que son víctimas de situaciones de violencia en las escuelas u objeto de denuncias penales.
Según explicó Néstor Carasa, consejero general de Educación en representación del Suteba, el proyecto busca resguardar a los docentes ante situaciones de violencia física, psicológica o simbólica, como también ante denuncias realizadas contra los Trabajadores de la Educación mientras se lleve adelante la investigación.
La iniciativa solicita que el Estado o los dueños de los colegios privados se ocupen de la salud física y psicológica del compañero que atraviese por estas situaciones.
Respecto a las denuncias contra docentes por casos de abusos o violencia física y verbal hacia los alumnos, se exige acelerar los tiempos de la investigación y, llegados al caso de la absolución del denunciado, se pedirá que se realice una Reparación Pública hacia el docente y la institución.
No puede existir un prejuzgamiento, ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como señala la Constitución Nacional. En ese sentido, se exige mayor rapidez en las investigaciones judiciales y/o administrativa, así como un respaldo legal de parte de la Dirección General de Cultura y Educación, indicó Carasa.
Gratuidad universitaria
El Gobierno nacional promulgó la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.
Así lo hizo a través del decreto Nº 2.358/2015, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Educación, Alberto Sileoni; junto al texto de la nueva normativa.
La norma, sancionada el 28 de octubre en el Senado de la Nación, modifica algunos artículos de la Ley de Educación Superior, que data del menemismo, e incorpora otros a partir de un proyecto presentado por la diputada Adriana Puiggrós.
Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley Nº 24.521, la nueva normativa establece la responsabilidad indelegable y principal del Estado respecto de la educación superior, considerándola un bien público y un derecho humano. Asimismo, garantiza la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas.
Uno de los puntos más destacados en la nueva ley se encuentra en el bis introducido en el artículo dos, que establece que los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.
En ese marco, además, se prohíbe a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.