El Gobierno nacional anunció ayuda para 25 municipios bonaerenses afectados por las inundaciones, mientras el agro vuelve a enfrentar pérdidas y reclama una mirada de fondo sobre la gestión del agua.
El drama de las inundaciones volvió a golpear a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Campos bajo el agua, caminos anegados, rodeos aislados y pérdidas productivas que se acumulan una vez más. En este contexto, el Gobierno nacional avanzó en las últimas horas con dos medidas concretas: la declaración de emergencia agropecuaria para varios distritos y la asistencia directa a través de la distribución de gasoil.
Desde el Ministerio de Economía se confirmó la homologación del Decreto provincial N° 2.452, firmado el 18 de septiembre por la administración de Axel Kicillof, que prorroga hasta el 28 de febrero de 2026 el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones afectadas por inundaciones en Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.
La medida fue avalada tras una reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), con la participación de representantes de organismos nacionales —INTA, SMN, Banco Nación, Banco Central, ARCA, Ministerios del Interior y de Economía— junto con delegados de las principales entidades rurales (CRA, SRA, CONINAGRO, CAME y FONAF) y autoridades provinciales.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) informó que se distribuirá el equivalente a 1,5 millones de litros de gasoil entre 25 municipios bonaerenses. La medida fue anunciada días atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras recorrer zonas afectadas.
La distribución, precisó la cartera agropecuaria, se realizará “en función de la superficie afectada, de acuerdo con la metodología de cálculo provista por la CONAE mediante imágenes satelitales del 9 de noviembre”.
Los partidos que recibirán asistencia son: Bolívar, Nueve de Julio, Pila, Pehuajó, 25 de Mayo, Dolores, Carlos Casares, Las Flores, Lincoln, Roque Pérez, Adolfo Gonzales Chaves, General Guido, General Belgrano, General Viamonte, Bragado, Daireaux, Castelli, Laprida, Saladillo, Carlos Tejedor, Guaminí, Villarino, Hipólito Yrigoyen, General Alvear y Monte.
El Ministerio de Economía también homologó la emergencia agropecuaria en zonas de Río Negro y Entre Ríos, afectadas por sequías y granizadas, respectivamente. En Río Negro, el Decreto N° 760 extendió hasta mayo de 2026 la emergencia para las explotaciones ganaderas de nueve departamentos, mientras que en Entre Ríos se declaró la emergencia para los productores citrícolas del distrito Mandisoví, en Federación.
Más allá de la ayuda coyuntural, la sucesión de emergencias en distintas regiones del país vuelve a poner sobre la mesa un tema estructural: la falta de infraestructura hídrica y planificación territorial.
Cada nueva inundación repite la historia: declaraciones, asistencia paliativa y promesas de obras que rara vez llegan a tiempo. Mientras tanto, los productores, que conocen el territorio como pocos, insisten en la necesidad de políticas de largo plazo que integren a provincias, Nación y municipios en un plan de manejo integral del agua.
El anuncio de gasoil y la declaración de emergencia son gestos necesarios, pero insuficientes frente a la magnitud del problema. La combinación de lluvias intensas, canales desbordados y suelos saturados exige respuestas que superen la lógica del auxilio inmediato.
El desafío pasa por planificar, invertir y coordinar esfuerzos para que la próxima lluvia no vuelva a ser noticia por los mismos motivos. Porque, como reconocen técnicos y productores, el agua no avisa, pero la falta de previsión siempre pasa factura.