La investigación identifica a los principales agresores, uno de ellos con arresto domiciliario, y evalúa responsabilidades penales.
Al menor lo agredieron dos sujetos que lo atacaron con un rebenque.
LA OPINIONLa Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, avanza en la investigación del grave episodio de violencia ocurrido en el barrio Quinta Mastrángelo, donde un adolescente de 14 años fue agredido físicamente por vecinos adultos que lo acusaban de haber cometido robos en una obra en construcción.
En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal recibió el sumario confeccionado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, que detalla las circunstancias del hecho y la identificación de las personas involucradas.
El caso tomó estado público a partir de la difusión de un video de alto impacto que fue dado a conocer por Diario LA OPINION a través de su edición web y replicado posteriormente en redes sociales. Las imágenes muestran a un grupo de adultos rodeando al menor dentro de una propiedad privada, increpándolo de manera violenta y golpeándolo con un rebenque, un elemento habitualmente utilizado en tareas rurales y ecuestres.
Según consta en el informe elevado a la Fiscalía, en el material audiovisual se logró individualizar a los dos principales agresores que aparecen ejerciendo violencia directa contra el adolescente. Las actuaciones fueron puestas a disposición del fiscal Pertierra y de la secretaria de la Fiscalía, Juliana Giusti, quienes analizan en forma preliminar la posible calificación legal de los hechos.
Uno de los datos más relevantes surgidos de la investigación es que uno de los adultos señalados como agresores es un convicto que actualmente cumple una medida de arresto domiciliario. La morigeración de la prisión se estaría cumpliendo precisamente en la propiedad donde se produjo la agresión al adolescente, lo que podría agravar su situación procesal ante un eventual incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.
Desde la Fiscalía señalaron que, en una valoración objetiva inicial, la conducta desplegada por los adultos configura un delito, independientemente de las sospechas o acusaciones que pudieran pesar sobre el menor. La agresión física de personas mayores de edad contra un niño o adolescente, y en particular dentro de un ámbito privado, se encuentra expresamente prohibida por la legislación penal y por los tratados internacionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El adolescente aparece en el video en una situación de extrema vulnerabilidad. Tiene apenas 14 años, se encontraba solo, sin la presencia de ningún adulto que pudiera asistirlo o protegerlo, y fue abordado por al menos dos hombres mayores que lo superaban ampliamente tanto en número como en fuerza física. Además, los agresores empuñaban elementos contundentes, como rebenques, que fueron utilizados para intimidarlo y golpearlo reiteradamente.
Durante el registro fílmico se observa cómo el menor es sometido a un violento interrogatorio bajo amenazas y castigos físicos. Los hombres le exigen que confiese supuestos robos de herramientas, cables, materiales de construcción y pertenencias personales de quienes trabajan en la obra. A medida que avanzan las agresiones, también le reclaman nombres de presuntos cómplices y de personas del barrio que, según los agresores, comprarían los objetos sustraídos.
En un intento desesperado por frenar los golpes, el adolescente intenta desviar las acusaciones señalando a otros jóvenes del barrio, lo que deja en evidencia una negociación forzada, obtenida bajo coerción y violencia. La escena expone con crudeza una práctica de justicia por mano propia que, lejos de aportar soluciones, genera consecuencias legales y humanas de enorme gravedad.
Hasta el momento, no trascendió oficialmente si el menor prestó declaración en el marco de la causa judicial ni si fue asistido por organismos de protección de derechos de la niñez. Tampoco se informó si existía una denuncia previa por los robos que motivaron la reacción vecinal o si los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía antes de la agresión.
No obstante, fuentes judiciales indicaron que la difusión pública del video habilita la intervención de oficio del Ministerio Público Fiscal, dado que se trata de un hecho que involucra violencia explícita contra un menor de edad. En ese sentido, la investigación avanzará para determinar responsabilidades penales, la participación de cada uno de los involucrados y la eventual imputación de delitos.
El caso volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre los límites de la reacción vecinal frente a hechos de inseguridad y el peligro de recurrir a prácticas de castigo físico y linchamiento. Desde el ámbito judicial remarcaron que ninguna situación, por grave que sea, justifica la agresión a un menor ni la sustitución de la Justicia por la violencia.
Mientras la causa continúa su curso, el episodio genera una fuerte conmoción en la comunidad de Pergamino y deja al descubierto una problemática compleja, donde el miedo y el hartazgo social confluyen con conductas que vulneran derechos fundamentales y exponen a sus autores a severas consecuencias legales.
El convicto que se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario en la propiedad donde agredieron al menor podría encontrarse ante la posibilidad de perder el beneficio de cumplir la prisión en su hogar.
Si la Fiscalía 1 avanza en el procesamiento, lo indagan para imputarle el nuevo delito y desde el Juzgado de Garantías consideran que debe dejar de gozar del beneficio, se debería ordenar su reclusión en una unidad penal.
El gran interrogante que debe esclarecer la Policía y la Fiscalía es quien registró el video que trascendió desde un uso privado hasta viralizarse en grupos de Whatsapp, redes sociales y medios de comunicación.
Aparentemente, se trataría de alguien presuntamente allegado a los adultos que agredieron al adolescente; pero a la luz de las consecuencias que trajo esta pieza audiovisual podría ser de una persona afín a la víctima.
De todas maneras, el video ha querido visibilizar un hartazgo de los vecinos ante episodios de hurtos frecuentes y terminó siendo una evidencia de un proceso penal contra adultos que agredieron a un menor de edad.