En el barrio La Lomita detuvieron a una pareja que vendía dosis de cocaína a consumidores pese a cumplir un arresto domiciliario.
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La Fiscalía 9 y la Policía allanaron un búnker en barrio La Lomita y arrestaron a dos imputados que, pese al arresto domiciliario, continuaban vendiendo drogas.
En el barrio La Lomita detuvieron a una pareja que vendía dosis de cocaína a consumidores pese a cumplir un arresto domiciliario.
Una investigación de la Fiscalía 9 y de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes que continuaba funcionando en barrio La Lomita. Los dos moradores, un hombre de 33 años y una mujer de 51, cumplían arresto domiciliario por una causa anterior vinculada al narcotráfico y fueron nuevamente detenidos.
La comercialización de drogas al menudeo continuaba desarrollándose con absoluta normalidad, aun cuando ambos imputados permanecían bajo arresto domiciliario y a la espera del juicio oral por una investigación anterior relacionada con el tráfico de estupefacientes.
El procedimiento se concretó este jueves por la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Larrea, en barrio La Lomita, luego de varias semanas de tareas de inteligencia realizadas por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, bajo la coordinación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 especializada en estupefacientes, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy.
La pesquisa permitió acreditar que el inmueble seguía funcionando como un verdadero búnker de venta de cocaína, donde consumidores llegaban durante todo el día para concretar operaciones que apenas demandaban unos segundos.
Las tareas de vigilancia incluyeron filmaciones y seguimientos que registraron el incesante movimiento de compradores. En las imágenes incorporadas a la causa puede observarse cómo los consumidores se acercaban hasta una puerta protegida por una reja. A través de una pequeña abertura se realizaba el intercambio: el dinero ingresaba desde la vereda y las dosis eran entregadas inmediatamente, permitiendo que cada comprador se retirara casi sin detenerse.
Los investigadores reunieron suficiente evidencia para demostrar que la actividad ilícita nunca se interrumpió, a pesar de que ambos sospechosos permanecían formalmente privados de la libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Con las pruebas obtenidas durante la investigación, el Juzgado de Garantías autorizó el allanamiento de la vivienda.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron envoltorios preparados para la venta con características similares a los observados durante las operaciones de narcomenudeo documentadas en la investigación. También incautaron cocaína granulada, marihuana y distintos bienes que ahora son analizados por la Justicia ante la sospecha de haber sido adquiridos con dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes.
Todo el material quedó incorporado al expediente como evidencia de una nueva maniobra de venta de drogas mientras los imputados cumplían una medida judicial restrictiva.
La pareja ya había sido investigada por la Fiscalía especializada en estupefacientes cuando el organismo era conducido por el fiscal Francisco Furnari y actualmente continúa bajo la órbita del fiscal Juan Tomás Godoy.
Aquella investigación permitió desbaratar una organización dedicada al abastecimiento y comercialización de drogas en Pergamino, cuyos integrantes obtenían cocaína proveniente de la ciudad de Rosario.
Como parte de esa pesquisa, uno de los proveedores fue interceptado cuando ingresaba al partido de Pergamino transportando estupefacientes. El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Vial sobre la Ruta Provincial 32, a la altura de El Socorro, donde lograron detener al sospechoso antes de que concretara la entrega de la droga.
Meses más tarde, la investigación avanzó sobre el resto de la estructura criminal mediante una serie de allanamientos que permitieron detener a distintos integrantes de la organización, entre ellos la pareja ahora nuevamente arrestada.
Con el avance del proceso judicial, ambos obtuvieron el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico mediante pulseras de control, aunque la nueva investigación determinó que continuaban desarrollando la misma actividad ilícita desde la vivienda donde debían permanecer a disposición de la Justicia.
Tras el allanamiento y las nuevas detenciones, ambos fueron trasladados para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Juan Tomás Godoy.
Fuentes judiciales indicaron que tanto el hombre de 33 años como la mujer de 51 optaron por ejercer su derecho constitucional a no declarar.
La nueva imputación agrava considerablemente la situación procesal de ambos, ya que además de afrontar el próximo juicio oral por la causa anterior, ahora deberán responder por una nueva investigación por comercialización de estupefacientes al menudeo que, según la acusación, continuó desarrollándose incluso mientras cumplían arresto domiciliario bajo control electrónico.