La condena judicial proclamada por el juez Guillermo Burrone, quien impuso penas de cinco años de prisión efectiva a Gastón David Cabral y Leandro Eugenio Dileo
Los presos planearon todo desde la cárcel para estafar al vecino colonense.
ARCHIVO LA OPINIONLa sociedad entre convictos privados de la libertad y excarcelados para perpetrar nuevos delitos siempre aparecen como indicios en investigaciones criminales que en muchos casos logran desentrañarse gracias al esfuerzo de detectives policiales y de las fiscalías interesados en dar con los culpables para llevarlos a juicio y condenarlos.
Fueron declarados coautores del delito de extorsión, conforme lo establece el artículo 168 del Código Penal.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Pergamino dictó una sentencia condenatoria contra dos individuos hallados responsables de un violento caso de extorsión que tuvo como víctima a un vecino de la ciudad de Colón.
La resolución judicial fue pronunciada por el juez Guillermo Burrone, quien impuso penas de cinco años de prisión efectiva a Gastón David Cabral y Leandro Eugenio Dileo, declarados coautores del delito de extorsión, conforme lo establece el artículo 168 del Código Penal.
La causa, identificada bajo el número PE-174-2023, fue impulsada por la Fiscalía N° 2 de Colón, que llevó a juicio a los acusados en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, al que adhirieron tanto los imputados como sus defensas. La víctima, Adolfo Oscar Farías, también prestó conformidad con esta modalidad procesal, aunque durante la investigación había solicitado el archivo del expediente por temor a represalias, luego de haber accedido a entregar el dinero que le exigían.
Los hechos ocurrieron entre el 14 y el 15 de junio de 2021. Farías comenzó a recibir llamadas telefónicas intimidantes a su celular. La persona al otro lado del teléfono —posteriormente identificada como Leandro Dileo— le exigía el pago de una supuesta deuda comercial que mantenía con su ex socio, Gastón Cabral. Las amenazas iban en aumento: el extorsionador demostraba tener información precisa sobre la familia del damnificado, incluyendo nombres y edades de sus hijos, pareja, madre y el domicilio particular. Le advirtió que si no pagaba, sufriría represalias él o sus seres queridos.
Consumido por el miedo, Farías reunió la suma de $200.000 y, según las instrucciones recibidas, viajó hasta las cercanías de la ciudad de Campana, donde entregó el dinero a un desconocido. Este accionar permitió que los autores del plan lograran su cometido: cobrar una deuda cuya existencia la víctima siempre negó.
Durante la investigación se determinó que Gastón David Cabral, de 47 años, con domicilio en la ciudad de Colón, fue quien ideó el plan para “recuperar” un dinero que, según él, le debía su ex socio. Para llevarlo a cabo, recurrió a un viejo conocido del ámbito carcelario: Leandro Eugenio Dileo, de 34 años, quien por entonces se encontraba alojado en la Unidad Penal N° 39.
Dileo fue el encargado de realizar las llamadas amenazantes desde un teléfono celular que había ingresado al penal y que luego, tras su salida, quedó en manos de otro interno, lo que fue clave para su identificación. Cabral no sólo le proporcionó los datos personales de la víctima, sino que también se mantuvo en contacto constante con Dileo, incluso después de que su vivienda fuera allanada el 15 de junio de 2021. En ese momento, usó el teléfono de Ignacio Cáceres, otro imputado en la causa, para advertir a Dileo sobre el procedimiento policial. Horas más tarde, el extorsionador llamó nuevamente a Farías y le mencionó el allanamiento como una forma de presionar aún más.
Las pruebas incluyeron mensajes de WhatsApp entre Cabral y Cáceres, en los que este último expresaba su molestia por no haber sido tenido en cuenta para el cobro de la extorsión. Esa evidencia confirmó la participación de Cabral en el esquema delictivo y desmintió su versión exculpatoria durante el juicio, que fue calificada por el juez como "inverosímil y mendaz".
La causa también incluyó el testimonio de Santiago Guach, sobrino de la víctima, quien escuchó la primera llamada gracias a que el celular de Farías estaba en altavoz. Por otro lado, Darío Sosa, amigo de Farías, fue quien lo acompañó a entregar el dinero en Campana. Un hombre no identificado fue el receptor final de los $200.000 exigidos.
Otro interno de la Unidad Penal N° 39, Fabián Ramacho, aportó información clave: declaró que el celular utilizado para las amenazas era de Dileo y que este se lo había dejado al recuperar la libertad.
El juez Guillermo M. Burrone valoró todas las pruebas reunidas durante la etapa de instrucción —testimonios, pericias, registros de llamadas, mensajes— y concluyó que los hechos fueron debidamente acreditados, al igual que la responsabilidad penal de ambos imputados.
El fallo fue dictado este lunes 5 de mayo en los tribunales de Pergamino. Los condenados Cabral y Dileo deberán cumplir cinco años de prisión de manera efectiva, además de afrontar las accesorias legales y el pago de costas del proceso.
Se trata de una sentencia que reafirma la gravedad de los delitos de extorsión, especialmente aquellos organizados desde contextos de encierro, utilizando información sensible para sembrar miedo y obtener beneficios económicos. El fallo del TOC N° 1 pone de manifiesto que la connivencia entre actores dentro y fuera del sistema carcelario sigue siendo un problema vigente, y que la Justicia está dispuesta a actuar con firmeza frente a estos hechos.