El rechazo a una reunión informativa profundizó el conflicto por el Código Tributario y crecen los cuestionamientos al gobierno de Ramallo.
A pesar de que el nuevo Código Tributario ya fue aprobado y se encuentra en plena vigencia desde comienzos de 2026, el conflicto está lejos de cerrarse en Ramallo.
El NorteEl conflicto en la ciudad de Ramallo por el Código Tributario suma nuevos capítulos y lejos de disiparse, se profundiza con el paso de las semanas. Comerciantes, productores y vecinos expresan un creciente malestar y ya analizan la posibilidad de recurrir a la Justicia ante el impacto económico de las medidas.
La polémica se intensificó luego de que el oficialismo rechazara una minuta que proponía una reunión informativa entre el Ejecutivo, el Concejo Deliberante y entidades representativas. La iniciativa buscaba generar claridad sobre una normativa compleja, pero fue descartada, lo que generó nuevas críticas.
Sectores opositores y referentes institucionales advierten que la negativa refuerza una percepción de falta de pluralismo y limita los espacios de debate democrático, especialmente frente a decisiones que tienen impacto directo en la economía local.
La implementación del Código Tributario dejó al descubierto dificultades y dudas en distintos sectores. Comerciantes y contribuyentes cuestionan los aumentos en tasas clave como Seguridad e Higiene, ABL, habilitaciones y la tasa del 2% sobre combustibles.
En este contexto, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de presentaciones judiciales para frenar algunos incrementos, considerados excesivos. El malestar también se trasladó a redes sociales, donde se multiplican los reclamos y pedidos de revisión.
Además de la presión impositiva, crecen los cuestionamientos sobre la transparencia en la administración municipal. Distintos sectores reclaman mayor acceso a la información sobre la ejecución presupuestaria.
Uno de los puntos más discutidos fue un reciente espectáculo musical gratuito, sobre el cual circularon versiones de costos elevados sin confirmación oficial. La falta de datos concretos alimenta las dudas y refuerza el pedido de rendición de cuentas en la gestión pública.