La Cámara Federal de Rosario hizo lugar a la apelación del fiscal y dejó sin efecto la decisión judicial que había beneficiado a los comerciantes. La causa, que investiga el acopio de metales de dudosa procedencia, se encamina ahora a un juicio oral y público.
Una resolución clave de la Cámara Federal
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la falta de mérito que había beneficiado a cuatro comerciantes del rubro chatarrería, oriundos de San Pedro y San Nicolás, acusados de acopiar cobre de dudosa procedencia. El fallo se produjo tras la apelación presentada por el fiscal Matías Di Lello y cambia el rumbo de la investigación: ahora, la causa se encamina a un juicio oral y público por encubrimiento.
El caso tiene origen en una denuncia de Telecom Argentina S.A. en 2021, tras el robo de cables que afectó a cientos de usuarios en la región. La empresa alertó sobre interrupciones en el servicio, lo que derivó en una pesquisa del Juzgado Federal N.º 2 de San Nicolás.
El trasfondo: cables robados y chatarrerías bajo la lupa
El expediente cobró relevancia el 5 de octubre de 2021, cuando se detectó el robo de 90 metros de cable en San Pedro, interrumpiendo el servicio a unos 50 clientes. La denuncia llevó a una investigación que terminó señalando dos chatarrerías sospechadas de recibir el material robado:
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“El Gringo”, en Independencia al 3100, San Pedro, propiedad de M.A.P. y J.J.P.
Un local en la calle Hipólito Irigoyen de San Nicolás, a cargo de R.J.A., junto a su empleado E.J.A.
Los investigadores constataron operaciones frecuentes de compra de cobre pelado a precios muy por debajo del mercado. Además, un operativo en abril de 2022 registró el traslado de grandes cantidades de material metálico desde San Pedro hasta un galpón en San Nicolás, reforzando la hipótesis de acopio de cobre de origen ilícito.
La causa rumbo a juicio oral
El 14 de diciembre de 2023, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo había dictado la falta de mérito para los imputados, al considerar insuficientes las pruebas en ese momento. Sin embargo, la Cámara Federal de Rosario dejó sin efecto esa resolución, avalando la postura del Ministerio Público Fiscal.
Con esta decisión, los cuatro comerciantes deberán enfrentar un juicio oral y público, en el que se determinará su responsabilidad en la presunta cadena de encubrimiento y comercialización de metales robados.
El caso no solo pone de relieve la problemática del robo de cables en la región —con fuertes consecuencias para usuarios, empresas y servicios básicos— sino también el rol de los intermediarios en la cadena ilegal de comercialización de cobre.