En línea con el plan del gobierno de Milei de retirar al Estado como impulsor de sectores no rentables, el INCAA cerró 2024 sin una sola producción nacional.
Carlos Pirovano: INCAA: Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales castigado por el ajusto
LAOPINIONEl sector denuncia vaciamiento, despidos y el fin de un modelo de cine con apoyo público. El dato es tan concreto como histórico: ni una sola película argentina fue aprobada por Carlos Pirovano para producción durante todo el 2024. Y en lo que va del 2025, la situación no ha cambiado.
A un año de la designación de Carlos Pirovano como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Espacio Nacional Audiovisual —que agrupa a las principales asociaciones del sector— presentó un informe que funciona como acta de defunción de un modelo de cine que fuera sostenido en parte por políticas públicas.
La parálisis del INCAA no es una anomalía aislada. Se enmarca en la lógica más profunda del actual gobierno nacional: desarmar las estructuras de fomento estatal a la producción cultural, bajo la premisa de que deben sobrevivir aquellas actividades que logren ser rentables por sí mismas. Una economía de mercado sin anestesia, que ha impactado de lleno en la industria audiovisual, la más profesionalizada de las expresiones culturales argentinas.
El informe, firmado por entidades como DAC, ARGENTORES, APIMA, PCI, CADICINE y otras, señala que Pirovano ostenta el récord histórico de ser el único presidente del INCAA que no aprobó una sola película nacional durante su gestión. Y denuncia que ese dato no es fruto de una omisión administrativa, sino de un diseño deliberado: la eliminación de líneas de fomento, el cierre de la ventanilla continua, la aplicación del decreto 662/2024, la supresión de la cuota de pantalla nacional y el vaciamiento de espacios como el Cine Gaumont.
Las consecuencias son contundentes. La participación del cine argentino en la taquilla se desplomó del 10% al 2%, dejando a cientos de producciones en stand by y afectando de manera directa a más de 600 mil trabajadores entre técnicos, guionistas, productores, actores, vestuaristas, fotógrafos y personal logístico. Toda una cadena de valor quedó paralizada por una decisión política que privilegia la rentabilidad sobre la identidad cultural.
Los despidos masivos y retiros voluntarios forzados implementados durante 2024, con el aval de la Ley Bases y del sindicato UPCN, también forman parte del recorte. A lo largo del año pasado, tres planes de retiro absorbieron millones de pesos, al tiempo que el Estado reducía drásticamente su inversión en producción nacional. “Una estafa”, según denuncia el documento, que apunta contra el rol pasivo del sindicato y la complicidad de los funcionarios.
Desde el Gobierno no se han propuesto alternativas ni marcos de transición. La lógica parece ser dejar caer todo lo que no logre sostenerse solo. Mientras tanto, el Estado sigue enviando delegaciones a festivales internacionales como Málaga, con un discurso que celebra el prestigio del cine argentino que internamente desmantela. Es ese doble discurso lo que más irrita a un sector que, aún en crisis, logra reconocimiento en escenarios internacionales.
Varios colectivos y asociaciones decidieron este año no participar del Festival Internacional de Mar del Plata como forma de protesta. Desde espacios como la Colectiva Red Cultural y ATE Cultura convocan a organizarse en defensa del cine nacional como herramienta de memoria, expresión y trabajo.
El informe cierra con una advertencia que excede al INCAA: “Todas las medidas adoptadas han perjudicado el desarrollo y crecimiento de la industria audiovisual”. Y aunque la lógica oficial es que las industrias deben sobrevivir por sí solas, el costo de ese principio —al menos en el caso del cine— se mide en desempleo, desarraigo cultural y el apagón de una pantalla que supo contar la historia del país.