El Municipio de Baradero confirmó que avanzará con una medida inédita para resolver el conflicto salarial que afecta a los extrabajadores de la obra del Barrio Bonini: se hará cargo del pago de los haberes adeudados mediante la ejecución de una póliza de caución y la apertura de una cuenta especial en el Banco Provincia.
El gobierno local intervendrá solidariamente para saldar los salarios adeudados, con una cuenta especial y posterior reclamo judicial a la empresa constructora. Acuerdo tras cinco audiencias y fuerte presión sindicalAsí lo informó el secretario adjunto de UOCRA Baradero, Bernabée Carrizo, quien explicó que la empresa constructora desafectó a los empleados sin abonarles lo correspondiente, generando un conflicto que ya motivó cinco audiencias en el Ministerio de Trabajo.
El municipio, obligado a intervenir por solidaridad
Carrizo relató que en la última reunión —con funcionarios de las áreas de Modernización, Gestión Pública y Hábitat— se logró un principio de acuerdo. “El Municipio no se opone a pagar las liquidaciones y quincenas adeudadas. Al no poder hacerlo directamente por cuentas embargadas de la empresa, lo hará a través de una cuenta puente”, señaló.
Aunque la empresa está inhibida y con sus fondos bloqueados, el municipio avanzará con los pagos en base a certificaciones previas de obra, y luego continuará con un reclamo judicial contra la constructora responsable.
Cuenta especial y garantía de cobro
Para hacer efectiva la medida, se creará una cuenta específica en el Banco Provincia, donde el Estado local podrá transferir los montos adeudados. Esta solución se encuadra en un esquema legal que utiliza una póliza de caución como respaldo ante el incumplimiento de la empresa.
Además, desde el sindicato explicaron que uno de los trabajadores oficia como representante en las negociaciones, informando permanentemente a sus compañeros sobre cada paso.
El rol de las autoridades locales
Por parte del Municipio, participaron activamente en las gestiones Rodrigo García Otero, secretario de Modernización y Gestión Pública, y Erika Carlsson, subsecretaria de Hábitat. Ambos coincidieron en que el objetivo es dar una solución rápida y efectiva para que los trabajadores cobren lo que se les debe cuanto antes.
Carrizo sostuvo que el gremio seguirá acompañando el proceso hasta que todos los extrabajadores hayan percibido lo adeudado. “Es un paso importante para que no paguen siempre los mismos cuando las empresas incumplen”, afirmó.
Un caso testigo en la región
La intervención solidaria del municipio marca un antecedente relevante en materia de defensa de derechos laborales a nivel local. Con esta acción, el Estado asume una responsabilidad que legalmente le es ajena, pero que políticamente busca evitar el perjuicio social de una comunidad afectada.
El conflicto, que se inició con un abandono de obra y falta de pago, podría abrir el camino a futuras intervenciones municipales en casos similares, estableciendo una vía de solución ágil cuando las empresas no cumplen con sus obligaciones.
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