Por la explosión, el profesor hizo uso de su derecho de no declarar sin que implique indicio en su contra y si lo hicieron la directora del ICR y la inspectora.
La explosión durante una exhibición abierta a la comunidad dejó graves lesionados en personas que asistieron a presenciar la demostración como público.
ARCHIVO LA OPINIONLa investigación penal por la explosión ocurrida durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua (ICR), que dejó gravemente herida a la niña de 10 años Catalina Maglio, dio un paso decisivo esta última semana con la declaración indagatoria de los tres imputados.
Entre el miércoles 3 y el viernes 5 de diciembre, el fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, concretó las audiencias a la directora del establecimiento, al profesor de Química que manipulaba la maqueta del volcán y a la inspectora de Nivel Secundario de Dipregep.
De acuerdo con la imputación formal, tanto el docente como la titular de la dirección del servicio educativo afrontan cargos por estrago culposo, mientras que a la inspectora de escuelas —funcionaria del área de supervisión distrital de escuelas privadas de nivel Secundario— se le atribuye el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Durante la ronda de indagatorias, la directora y la supervisora prestaron declaración y respondieron preguntas del Ministerio Público, en tanto que el profesor optó por ejercer su derecho constitucional a no declarar. Desde la Fiscalía señalaron que esa decisión no puede interpretarse como un indicio de responsabilidad y que, si lo desea, el imputado podrá brindar su versión más adelante en cualquier etapa del proceso.
Los tres acusados comparecieron acompañados por sus abogados defensores y fueron notificados de los avances acumulados en el expediente, que incluye pericias químicas, informes técnicos, testimoniales y el análisis de los elementos utilizados en la maqueta que estalló el jueves 9 de octubre en plena exhibición escolar. Con la instancia indagatoria cumplida, la causa será ahora elevada al Juzgado de Garantías para continuar la etapa final del proceso.
Si bien la investigación alcanzó un nivel de avance significativo, la Fiscalía informó que aún restan incorporar informes periciales que se encuentran en elaboración. Sin embargo, fuentes judiciales estiman que, de mantenerse los plazos previstos, en los primeros meses del año próximo podría formalizarse el requerimiento de elevación a juicio.
Las actuaciones reunidas hasta el momento describen un escenario técnico que ya había sido adelantado en los informes preliminares: la combinación de Clorato de Potasio —una sustancia prohibida— con naftalina picada produjo una reacción altamente inestable que desencadenó una explosión de gran potencia. En ese proceso, un fragmento metálico fue expulsado violentamente e impactó en el rostro de Catalina, causándole lesiones gravísimas.
La apertura de la etapa indagatoria se dio pocos días después de que los padres de Catalina —Ángeles del Valle y Javier Maglio— regresaran temporalmente a Fontezuela por cuestiones familiares y aprovecharan su estadía para reunirse con el fiscal Pertierra y la instructora judicial Juliana Giusti. En ese encuentro recibieron un informe pormenorizado sobre las pruebas reunidas y los cargos atribuidos a cada uno de los imputados.
Tras semanas de silencio dedicadas a acompañar la recuperación de su hija, la familia decidió expresar públicamente su posición. A través de publicaciones en redes sociales, cuestionaron el manejo de los materiales utilizados en la feria de ciencias y reclamaron responsabilidad penal para los adultos procesados.
El primero en pronunciarse fue el padre, Javier Maglio, quien afirmó: “Hoy puedo decir que esto no fue un accidente. Los responsables sabían que lo que compraron estaba prohibido y que la ‘sal mágica’ era naftalina picada, sumamente explosiva”. También señaló que quienes defendieron públicamente a los implicados nunca se comunicaron para preguntar por el estado de la niña.
La madre, Ángeles del Valle, compartió a su vez un mensaje en el que expresó el impacto irreversible que la explosión dejó en su hija y en toda la familia. “Hoy me pongo la camiseta por mi hija. Le cambiaron la vida para siempre”, escribió, remarcando que su reclamo se dirige exclusivamente “a quienes sabían que el material estaba prohibido”.
La explosión ocurrió la noche del jueves 9 de octubre, durante la presentación de proyectos de la feria de ciencias del ICR. Catalina fue asistida de urgencia y trasladada primero al Hospital Interzonal de Pergamino y, poco después, derivada por vuelo sanitario al Hospital Garrahan, donde fue intervenida en múltiples oportunidades.
A más de un mes del siniestro, continúa con controles médicos periódicos, tratamientos especializados y derivaciones constantes que obligan a la familia a alternar su estadía entre la región y la Ciudad de Buenos Aires.
En diálogo con Diario La Opinión, el padre de la niña profundizó sus declaraciones y explicó por qué la familia eligió mantenerse en silencio hasta ahora. “Siempre nos mantuvimos callados porque no sabíamos qué estaba pasando en Pergamino. Ahora que pudimos reunirnos con el fiscal, sabemos que esto no fue un accidente”, sostuvo.
También insistió en que las pruebas reunidas confirman, para ellos, la responsabilidad de los adultos: “Compraron un producto que no estaba permitido y encima le agregaron naftalina picada. Eso era una bomba”. Y añadió que, ahora que pudieron interiorizarse del expediente, sienten la necesidad de compartir lo que ocurre procesalmente: “La gente nos acompañó muchísimo sin recibir novedades. Creí que era necesario decirlo”.
Con las indagatorias ya concretadas y el expediente encaminado hacia el Juzgado de Garantías, la causa entra en una etapa clave. Resta la incorporación de las últimas pericias y las definiciones fiscales para determinar si los tres imputados deberán enfrentar un juicio oral en 2026. Mientras tanto, la familia de Catalina continúa su proceso de acompañamiento y recuperación, a la espera de una resolución judicial que determine responsabilidades por un hecho que marcó para siempre la vida de la niña y de toda la comunidad educativa.