El Concejo Deliberante de Pergamino aprobó por unanimidad un pedido al Ministerio de Justicia bonaerense para que suspenda el uso de teléfonos móviles entre internos del Servicio Penitenciario. La presidenta del cuerpo, Gabriela Taruselli, en una entrevista con el Diario advirtió que la medida dictada durante la pandemia “se transformó en una herramienta delictiva que ahora afecta directamente la seguridad de nuestros vecinos”.
La autorización para que los detenidos en las cárceles bonaerenses usen teléfonos celulares nació como una medida excepcional durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional a través del DNU Nº 297/2020. En ese contexto, el Tribunal de Casación Penal bonaerense dictó una resolución que habilitó el uso de aparatos móviles en todas las unidades penitenciarias de la provincia, ante la imposibilidad de los reclusos de mantener contacto personal con sus familias. El objetivo era atenuar los efectos del confinamiento y garantizar la comunicación en un momento crítico. Sin embargo, aquella disposición que debía tener carácter transitorio se transformó con el tiempo en una práctica extendida, sin los controles adecuados y con consecuencias que hoy impactan en la seguridad pública.
Un pedido unánime de Pergamino
La presidenta del Concejo Deliberante explicó que “la resolución imponía al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la obligación de crear un protocolo que asegurara que esta tecnología no se utilizara con fines delictivos”. Pero, advirtió, “a casi cinco años de aquella decisión, la medida sigue vigente sin que se hayan garantizado mecanismos efectivos de control, y eso es gravísimo”. Según recordó, desde noviembre de 2020 se restablecieron las visitas y las actividades normales dentro de los penales bonaerenses, por lo que “ya no existe ninguna razón sanitaria ni humanitaria que justifique la continuidad del uso libre de celulares en las cárceles”. En ese sentido, consideró que “hoy resulta evidente que el Gobierno provincial extendió una medida excepcional más allá de los plazos y objetivos para los que fue creada, y que el Ministerio de Justicia no ha logrado controlar su uso ni impedir que los teléfonos sean una herramienta para seguir delinquiendo desde la cárcel”.
A lo largo de estos años, distintas investigaciones judiciales comprobaron que internos del Servicio Penitenciario Bonaerense participaron en delitos de extorsión, amenazas, estafas, tráfico de drogas, abuso sexual, grooming y pornografía infantil, todos cometidos mediante teléfonos celulares. En varios de esos casos, las víctimas fueron vecinos de Pergamino. “Tenemos causas locales donde se demostró que los llamados extorsivos o las maniobras de estafa provenían de las cárceles de San Nicolás o Junín”, precisó Taruselli.
“Las Fiscalías de Pergamino han trabajado activamente en su esclarecimiento, y muchas de esas investigaciones terminaron en condenas firmes”. La concejal sostuvo que esta situación “no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que además erosiona la confianza en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley”.
Frente a esta realidad, el Concejo Deliberante de Pergamino aprobó por unanimidad un proyecto de resolución impulsado por Taruselli solicitando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que suspenda el uso libre de celulares entre los internos hasta tanto se revise el protocolo vigente y se implementen medidas de seguridad efectivas.
“Un celular en manos de un delincuente es, en los términos actuales, una herramienta para continuar cometiendo delitos. Y en manos de un delincuente sexual, adquiere una gravedad crítica. El Estado no puede mirar hacia otro lado”, sostuvo la presidenta del cuerpo legislativo.
Esperando respuestas
El pedido también fue dirigido a los responsables de la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás, la Unidad Penal N°13 de Junín y la Alcaidía Penitenciaria N°49 de Junín, con el fin de que informen cuántos celulares se encuentran declarados dentro de sus establecimientos, qué protocolos de control se aplican actualmente y bajo qué medidas de seguridad se garantiza su cumplimiento. “Queremos saber cuántos teléfonos hay efectivamente autorizados, cómo se controlan y si existen mecanismos tecnológicos que impidan su uso indebido. Hoy la respuesta del Servicio Penitenciario es que se usan solo para educación o contacto familiar, pero eso no resiste el menor análisis cuando se ven perfiles activos de presos en redes sociales tales como Instagram, Facebook o TikTok”, cuestionó Taruselli.
La concejal subrayó que “la inseguridad que viven los bonaerenses tiene muchas causas, pero una de ellas es la falta de control dentro de las cárceles”. En su opinión, “no puede ser que alguien que está cumpliendo una condena pueda seguir generando miedo o daño desde un celular”. Y agregó con firmeza: “El delito no puede tener señal desde la prisión. Si el Estado no pone límites claros, está avalando que los delincuentes sigan operando con total impunidad”.
Pergaminenses detenidos
De acuerdo con datos actualizados a octubre de 2025, en el ámbito del Departamento Judicial Pergamino existen actualmente 500 personas privadas de la libertad. De ese total, 138 cumplen prisión domiciliaria, 30 están alojadas en dependencias policiales y 332 se encuentran en unidades penitenciarias. Según el relevamiento realizado por el cuerpo deliberativo, 52 reclusos permanecen en la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás, 120 en la Unidad Penal N°13 de Junín y 145 en la Alcaidía Penitenciaria N°49 de Junín, mientras que el resto está distribuido en otros establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense.
“Las cárceles deben ser lugares de reeducación y reinserción social, no oficinas del delito”, enfatizó Taruselli. “Por eso desde Pergamino decidimos elevar este reclamo, que no tiene banderías políticas, porque fue aprobado por todos los bloques. Estamos pidiendo algo básico: que el Estado garantice seguridad y control, dentro y fuera de las cárceles”.
La presidenta del Concejo concluyó que “es tiempo de revisar un protocolo que se dictó en una situación de emergencia sanitaria y que hoy, sin control ni justificación, se transformó en una amenaza para la seguridad pública”. Y reiteró: “No se trata de un capricho ni de una posición política: se trata de cuidar a nuestros vecinos”.
