Desde las áreas de tránsito y seguridad vial confirmaron que en Pergamino siguen adelante con Alcohol cero al volante.
En el marco de Alcohol cero al volante, negarse a realizar un control de alcoholemia en Pergamino y la provincia de Buenos Aires puede convertirse en una decisión extremadamente costosa.
Según lo establece la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial, rechazar el test implica una presunción de alcoholemia positiva y habilita a las autoridades a aplicar las sanciones máximas previstas por la ley, que pueden superar los dos millones de pesos en multas.
La legislación provincial contempla severas penalidades para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, pero endurece aún más el castigo cuando el conductor se niega a someterse al control. En estos casos, además de la multa económica —que puede escalar por encima de los $2.000.000 dependiendo del valor actualizado de la Unidad Fija— se dispone la retención de la licencia de conducir y la inhabilitación para manejar por un período determinado. También puede ordenarse el secuestro del vehículo.
La negativa al test es considerada una falta grave porque obstaculiza la tarea de prevención que llevan adelante los agentes de tránsito y las fuerzas de seguridad. En la práctica, la ley interpreta que quien se niega a soplar el alcoholímetro busca eludir la constatación de una infracción, por lo que la sanción se equipara a los niveles más altos de alcoholemia detectados.
Cabe recordar que en la provincia rige la política de “alcohol cero al volante”, lo que significa que cualquier graduación alcohólica detectada en sangre constituye una infracción. Esta medida apunta a reducir los siniestros viales y reforzar los controles en rutas y zonas urbanas, especialmente durante fines de semana y fechas especiales donde se incrementa la circulación.
Las autoridades recomiendan a los conductores colaborar con los operativos, portar la documentación obligatoria y, fundamentalmente, evitar conducir si consumieron bebidas alcohólicas. Más allá del impacto económico que puede representar una multa millonaria, las consecuencias administrativas y el riesgo para la vida propia y la de terceros convierten a la negativa al control en una decisión que puede traer serias complicaciones legales y personales.
En este contexto, el mensaje oficial es claro: negarse al test no evita la sanción, sino que puede agravarla considerablemente.